La falta de acuses de notificación a autoridades federales motivó el diferimiento judicial para resolver sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Solo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha rendido su informe previo ante el juzgado
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, decretó el diferimiento de la audiencia incidental programada para el pasado 29 de octubre dentro del juicio de amparo indirecto promovido en favor de Carlos Alberto Torres Torres.
Publicidad
El exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda pretende revertir su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El quejoso reclamó la promulgación y orden de cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, refiriendo que dicho precepto resulta inconstitucional al omitir un plazo máximo de permanencia en la lista de bloqueos.
Publicidad
La defensa de Torres asegura que las autoridades y la propia ley carecen de parámetros claros para la eliminación de registros, lo que es contrario a las garantías de seguridad y certeza jurídica.
En una actuación inicial dentro del cuaderno incidental, la autoridad judicial determinó negar la suspensión provisional solicitada sobre los actos reclamados.
Publicidad
Por lo que ve al diferimiento de la audiencia señalada para resolver sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva, este obedeció a la falta de incorporación en los expedientes físico y electrónico de los acuses postales de notificación dirigidos a las autoridades responsables.
Entre las instancias foráneas requeridas para rendir su informe previo sin que conste acuse de recepción figuran la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la SHCP y diversas direcciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ante dicha omisión procedimental, el juzgador fijó el 19 de noviembre de 2026 para el desahogo de la audiencia incidental.
Asimismo, el juzgado incorporó el informe previo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano que acreditó delegados y notificó carecer de infraestructura tecnológica para tramitar la causa en modalidad de juicio en línea.
Cabe mencionar que la inclusión de Carlos Torres en la LPB y la subsecuente inmovilización de sus cuentas bancarias en Banorte, medida ejecutada a través de la UIF y la CNBV, se registró tras las investigaciones difundidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a finales de septiembre reciente.
