El juzgado decimosegundo de distrito ordenó disgregar los amparos promovidos por el empresario sancionado por la UIF. La autoridad hacendaria inmovilizó cuentas tras la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas
El Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ordenó la separación de los juicios de amparo indirecto promovidos por el empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, tanto a título personal como en representación de diversas firmas comerciales.
Las demandas de derechos fundamentales fueron interpuestas ante la justicia federal para combatir el acuerdo expedido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual se dispuso la inclusión formal del quejoso y de sus empresas en la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano, así como la consecuente orden de embargo, congelamiento e inmovilización de sus cuentas bancarias.
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Tras dictarse la resolución de separación procesal de las causas, los expedientes resultantes fueron distribuidos entre distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación radicados en la ciudad de Tijuana.
El proceso de asignación individualizada generó planteamientos de incompetencia legal en juzgados receptores, cuyos titulares declararon no corresponderles el conocimiento de los asuntos fundándose en motivos de distribución por turno.
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Entre los órganos jurisdiccionales designados para la tramitación individual de las promociones figuran los juzgados Décimo, Decimoprimero, Decimoquinto, Decimosexto y Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Baja California.
La disgregación de los reclamos constitucionales comprende a las sociedades mercantiles Inteliproof Efficient, Wermak Publired, Conciertos y Espectáculos Inhouse y Private Equity Baja, además de la demanda interpuesta a nombre propio por Moreno Gómez Santelices.
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En el trámite inicial de los expedientes separados, los juzgados receptores emitieron acuerdos iniciales que abarcan la negativa de la suspensión provisional de los actos reclamados, la formulación de prevenciones legales para exigir la acreditación formal de la representación jurídica y la declaración de incompetencia jurisdiccional por turno.
Las determinaciones administrativas aplicadas por las autoridades financieras en territorio nacional derivan de las investigaciones y sanciones publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La dependencia gubernamental estadounidense sancionó a Moreno Gómez Santelices y a su estructura corporativa al señalar la presunta provisión de apoyo financiero, material o tecnológico en favor de la organización criminal denominada Cártel de Sinaloa (CDS).
Dicha red comercial mantenía la adjudicación de diversos contratos públicos con la Fiscalía General del Estado y ayuntamientos de Baja California para el suministro de equipos de seguridad y tecnología policial.
La substanciación de las solicitudes de amparo continuará de forma independiente en cada juzgado federal asignado.
