Mientras los gobiernos morenistas se llenan la boca hablando de transparencia, rendición de cuentas, honestidad y así, una ciudadana como cualquier otra tiene que sortear un verdadero pentatlón jurídico si desea obtener migajas informativas de lo que, por ley, los servidores públicos están obligados a mostrar. Desde hace un año, la joven profesionista Andrea Guadalupe Luna ha peleado por obtener datos relacionados con los gastos de campaña de los diputados Jorge Ramos Hernández y Jaime Eduardo Cantón, presidente de la Comisión de Administración del Congreso de Baja California, pero lo que ha encontrado son largas, mentiras y trabas para impedirle conocer los comprobantes de pago y facturas que ingresan los diputados como trabajo de comisión y gasto social. Hay que recordar que cada legislador tiene un salario que ronda en los 70 mil pesos mensuales además de contar con 200 mil pesos para los gastos relativos a la comisión que presiden, y 300 mil pesos más para los apoyos sociales que otorgan. Pues resulta que la joven arquitecta, quien por interés propio ha intentado obtener información de los gastos de ambos legisladores, sólo ha encontrado bloqueos que van desde el retraso, pues hay expedientes de transparencia que inició desde mediados del 2025 sin una respuesta clara, hasta la obligación de tener acceso a los datos sólo a través de la consulta directa, sin poder tomar fotografías ni extraer documentos. La intención de este ejercicio es complicar a la persona la posibilidad de conocer su interés, mediante mecanismos legaloides. Así cansan a muchas personas, pero a pesar de ello, la joven continúa impugnando y presentando nuevas solicitudes. Una de las trampas más descaradas fue que tras acudir de manera presencial y tomar notas sobre facturas y comprobantes, decidió hacer nuevas solicitudes de transparencia, y a pesar de que fueron copiadas directamente de los archivos del Congreso, estos declaran inexistencia de los documentos. Así se la gastan los diputados de la 4T que presumen lo que no pueden ofrecer y que temen ser fiscalizados. El único freno ante esas conductas es, precisamente, la participación y el interés ciudadano sobre el manejo de nuestro dinero.
Congreso bloquea la transparencia
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