La elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Itzel Areli López Lara, presentó una demanda de amparo indirecto en contra del procedimiento de separación definitiva instaurado en su contra por la Comisión del Régimen Disciplinario de la corporación.
El recurso legal, radicado bajo el expediente 867/2026 en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana —tras ser remitido por declinatoria de competencia desde el Juzgado Primero de Distrito en Mexicali—, impugna el acuerdo de inicio PSD/009/2026.
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La medida administrativa deriva de las investigaciones iniciadas por la Dirección de Asuntos Internos tras detectar irregularidades en el patrimonio e inmuebles vinculados a la funcionaria adscrita a la delegación La Mesa en Tijuana.
El origen del procedimiento administrativo se remonta al 27 de julio de 2025, fecha en que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizaron irrupciones en dos viviendas localizadas en los fraccionamientos Balboa Residencial y Montecarlo, en el municipio de Mexicali.
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La Fiscalía General del Estado señaló a López Lara como poseedora o arrendataria de ambos domicilios, por los cuales se erogaban pagos de renta mensual de entre 30 mil y 50 mil pesos.
La titular de la institución, María Elena Andrade Ramírez, declaró públicamente que dichos montos resultaban incompatibles con los ingresos que la agente percibía en su cargo público, lo que motivó su suspensión temporal preventiva y la apertura de un expediente disciplinario.
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La irrupción policial en el residencial Balboa se ejecutó sin la presentación de una orden de cateo expedida por autoridad judicial.
De acuerdo con los registros institucionales y las declaraciones de la fiscalía, los efectivos estatales ingresaron al inmueble bajo el argumento de atender un reporte de violencia familiar, versión que fue desmentida por la propia agente.
En inspecciones posteriores realizadas por la fiscalía en la vivienda, la autoridad afirmó la localización de básculas grameras y vestigios de sustancias ilícitas.
En respuesta, López Lara presentó una denuncia penal contra los agentes participantes por abuso de autoridad y tortura, señalando agresiones físicas a su cónyuge, el sometimiento de su familia y la sustracción de 200 mil pesos en efectivo junto con objetos de valor.
A pesar de las denuncias interpuestas contra el personal de seguridad estatal y de las indagatorias sobre la validez del operativo en Mexicali, la Comisión del Régimen Disciplinario formalizó el trámite para revocar definitivamente el nombramiento de López Lara.
Con la admisión del amparo en el juzgado federal de Tijuana, la agente busca que la autoridad judicial evalúe la legalidad del procedimiento de separación definitiva promovido por la Fiscalía General del Estado.
