Eugenio Maiz Domene reclamó la omisión judicial para ordenar la comparecencia presencial. El empresario solicita el amparo y protección de la justicia federal en Mexicali
El empresario Eugenio Javier Maiz Domene promovió un juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California contra la determinación de la Jueza de Oralidad Penal del Partido Judicial de Mexicali que rechazó gestionar su traslado y presentación física en el Centro de Justicia de Baja California, con residencia en Mexicali, para el desahogo de su audiencia inicial dentro de la causa penal 4921/2022.
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La demanda de derechos fundamentales se centra de manera específica en la negativa judicial de ordenar la movilización del quejoso desde el centro penitenciario de Aguascalientes hasta la sede jurisdiccional local, y que el desarrollo de la diligencia se efectúe mediante el sistema de videoconferencia.
La defensa particular del imputado reclamó la resolución emitida el 3 de septiembre de 2026, la cual confirmó el acuerdo de fecha 28 de agosto de 2026 al declarar infundado el recurso de revocación promovido por la defensa de Maiz Domene.
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El acto impugnado sostuvo la permanencia de la modalidad remota sin responder de forma individualizada a los planteamientos sobre la necesidad de asegurar una comunicación privada, directa y continua entre el procesado y sus abogados durante la audiencia inicial.
El juicio de garantías radicado en el juzgado federal no controvierte el uso de la tecnología de transmisión remota como mecanismo para desahogar la comparecencia, sino la omisión de la autoridad jurisdiccional para justificar la negativa de la presentación presencial y la falta de pronunciamiento sobre los mecanismos de coordinación requeridos por la defensa.
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El Juzgado Cuarto de Distrito admitió la demanda presentada por vía electrónica, ordenó requerir la certificación de la personalidad del defensor y fijó el 21 de octubre de 2026 para la realización de la audiencia constitucional en la que se resolverá sobre la legalidad de los actos reclamados.
Esta acción de amparo se enmarca en la causa penal 4921/2022, iniciada por el gobierno del estado de Baja California a raíz del proyecto para la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica destinada al suministro de energía eléctrica para el acueducto Río Colorado-Tijuana.
El contrato fue adjudicado el 15 de octubre de 2020 a la empresa Next Energy de México, de la cual Maiz Domene es presidente del Consejo de Administración, durante la gestión del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
El acuerdo estipulaba un esquema de pagos a treinta años respaldado por la constitución de un fideicomiso en Banco Afirme, mediante la retención directa de participaciones federales asignadas a la entidad.
La falta de permisos de la Secretaría de Energía impidió el desarrollo de la infraestructura, derivando en la rescisión del contrato en 2022 por la administración estatal para evitar el compromiso de recursos públicos por un monto superior a seis mil millones de pesos.
Eugenio Javier Maiz Domene permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada por una causa penal incoada en aquella entidad.
Su detención ocurrió a finales de 2025 en Reynosa, Tamaulipas, en cumplimiento de un mandamiento judicial por el delito de fraude derivado de un esquema de contratación de eficiencia energética con el ayuntamiento de Aguascalientes, que incluyó la retención de aportaciones municipales mediante un fideicomiso bancario similar.
Asimismo, el empresario enfrenta acusaciones locales en la entidad del Occidente del país por el delito de cohecho tras presuntamente ofrecer dinero a agentes policiales durante su traslado custodia.
Dentro de la causa penal 4921/2022 en Baja California por delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y peculado, también se encuentran vinculados a proceso el exgobernador Jaime Bonilla Valdez y el directivo de Banco Afirme, Nabor Medina Garza.
La comparecencia inicial de Maiz Domene ante la autoridad judicial de Baja California se mantiene diferida a la espera de las definiciones sobre la modalidad de su presentación e intervención legal.
