Diputados federales del Partido Acción Nacional acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Los legisladores solicitaron formalmente la separación del cargo de la mandataria estatal para permitir el desarrollo de las investigaciones ministeriales.
El legislador César Damián Retes declaró durante la presentación del documento: “Venimos a exigir que se investigue a fondo y que la gobernadora se separe del cargo para enfrentar las indagatorias con total transparencia.”
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Por su parte, la dirigencia estatal del partido en Baja California señaló previamente sobre el caso: “La funcionaria formó parte de esa sociedad mercantil y es necesario esclarecer el origen y destino de los recursos involucrados.”
ANALIZAN PRESUNTOS DELITOS Y RESPONSABILIDADES FINANCIERAS
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Los documentos presentados ante la autoridad federal contienen señalamientos sobre posibles ilícitos vinculados al servicio público, manejo de fondos y operaciones financieras. Los legisladores denunciantes expusieron diversos elementos de prueba relacionados con la gestión administrativa en el estado.
Corresponderá a la FGR analizar la información aportada, evaluar los datos de prueba y determinar la apertura formal de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
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EL CASO DE LA EMPRESA VIDA ORGÁNICA Y LAS ACCIONES MERCANTILES
El núcleo de la denuncia se centra en la participación accionaria que la funcionaria mantuvo en la sociedad mercantil denominada Vida Orgánica. Los representantes de la oposición señalaron que la gobernadora conservó acciones en dicha empresa y exigieron indagar los contratos asignados a la compañía durante el periodo en que formó parte de la misma.
Los diputados indicaron que la revisión de estas operaciones comerciales forma parte de los documentos entregados a la instancia ministerial para su análisis pericial y financiero.
CONTEXTO DE SANCIONES INTERNACIONALES Y MEDIDAS ESTATALES
La presentación de esta denuncia ocurre tras las medidas financieras emitidas por agencias del gobierno de Estados Unidos que afectaron a personas vinculadas con la región fronteriza, incluido el exesposo de la gobernadora Carlos Torres. Estas acciones internacionales generaron repercusiones en el ámbito político local.
Tras dichos acontecimientos, la administración estatal anunció la revisión de los padrones de proveedores y de los contratos vigentes con empresas locales para verificar su legalidad.
En relación con las investigaciones y los señalamientos de Estados Unidos, la gobernadora declaró públicamente: “No he proporcionado información que comprometa la seguridad nacional y mi relación familiar previa no interfiere con las funciones de gobierno”.
