Cuestionada de manera directa durante su conferencia de prensa matutina sobre la resolución judicial que exoneró de manera definitiva a Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes el pasado 27 de marzo de 2023, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a señalar que la decisión responde estrictamente al fallo del Poder Judicial.
La mandataria federal evitó cuestionar el sobreseimiento del proceso penal de quien fuera imputado en la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, enfatizando que el desenlace legal se apega a las determinaciones de los jueces.
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Frente a la pregunta sobre si el Gobierno Federal impulsará nuevas líneas de investigación, indagatorias complementarias o acciones adicionales en contra del exfuncionario —quien tras la tragedia y tras dejar el INM continuó su carrera en la administración pública al ser designado al frente de la Dirección de Centros de Formación para el Trabajo con un sueldo superior a los 113 mil pesos mensuales bajo el amparo de la Secretaría de Educación Pública—, la jefa del Ejecutivo descartó tajantemente la apertura de nuevos procesos.
Sheinbaum argumentó que los procedimientos institucionales correspondientes se agotaron cabalmente durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, aseveró textualmente: “No, se hizo una investigación, se hizo eh durante el periodo del presidente López Obrador la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades y esto es lo que determinó el juez”.
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JUSTIFICAN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PROCESALES E INDEMNIZACIONES EN EL CASO CIUDAD JUÁREZ
La liberación de cargos jurídicos para Garduño Yáñez se consolidó luego de que un juez federal con sede en Ciudad Juárez, específicamente el juzgador Víctor Manlio Hernández Calderón, avalara el cumplimiento de las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso.
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Entre los requisitos cumplidos figuraron el pago de indemnizaciones económicas a los deudos y afectados directos —cuyos recursos millonarios salieron directamente de las arcas del propio INM— y la emisión de una disculpa pública dirigida a las víctimas y sus familias, la cual se concretó formalmente el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México tras ser emplazado por mandato judicial.
Dichos requisitos formaban parte estricta de las condiciones que la justicia le impuso el 24 de enero de 2025 para conseguir la suspensión del proceso que finalmente se concretó. A pesar de los severos cuestionamientos sobre la gravedad de la tragedia —considerada la más letal en un recinto migratorio en la historia moderna del país, donde el personal del INM y de la seguridad privada abandonó a su suerte a los migrantes encerrados bajo llave— y de la opacidad detectada previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la postura oficial reiteró que el caso se rigió bajo los cauces legales establecidos por los tribunales.
Cuestionada sobre la solidez de las pesquisas iniciales ante las críticas de defensores de derechos humanos, la mandataria reafirmó que la actuación judicial cerró de forma definitiva el ciclo de responsabilidades individuales: “Pues es lo que determinaron los jueces. Hizo una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona y es lo que determinaron los jueces”.
