Ante el reto crítico de la sobrepoblación carcelaria y la urgencia de restablecer el orden operativo en el sistema penitenciario mexicano, la administración federal puso en marcha una estrategia estructural.
El plan contempla levantar seis nuevos centros penitenciarios de alta seguridad con el fin de garantizar condiciones de reclusión estables y un marco operativo que destierre la impunidad y el autogobierno en los centros de reinserción del país. Esta red de nuevas prisiones, gestionada de manera conjunta entre la Federación y las administraciones estatales, proyecta una capacidad global de 18,480 espacios.
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Durante su participación en la conferencia matutina conocida como la Mañanera del Pueblo, celebrada en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, notificó que este despliegue de infraestructura obedece a directrices directas giradas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La medida surge como respuesta directa y prioritaria a los recientes episodios de extrema violencia y fallas de seguridad documentados en centros penitenciarios regionales, con especial énfasis en el trágico enfrentamiento y balacera registrados en el penal de Mazatlán (conocido como El Castillo), ubicado en el estado de Sinaloa.
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COBERTURA ESTRATÉGICA Y ACCIONES DE CONTENCIÓN EN SINALOA
El responsable de la seguridad pública a nivel nacional detalló que la edificación de los nuevos recintos se distribuirá de forma sectorizada en puntos geográficos clave del territorio nacional, abarcando las entidades de Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
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“En este marco, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales, construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad total proyectada de 18,480 espacios”, aseveró García Harfuch.
Profundizando en la situación de vulnerabilidad institucional evidenciada en territorio sinaloense tras los eventos de violencia armada al interior de la prisión de Mazatlán —donde perdieron la vida internos y un menor de edad—, el funcionario ratificó la intervención financiera y operativa de la administración central.
“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa”, puntualizó el secretario de la SSPC.
García Harfuch indicó que el diseño de esta sede en territorio sinaloense dotará al estado de una infraestructura “moderna, segura y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”. Asimismo, externó un reconocimiento público a la gobernadora interina de la entidad, Graciela Domínguez, por gestionar y “aportar los terrenos necesarios” para materializar el proyecto, los cuales se han proyectado ubicar en la zona de Culiacán. Mientras concluyen las complejas fases de licitación, permisos de construcción y obra negra, la seguridad operativa del penal de Mazatlán fue blindada de manera temporal mediante el despliegue emergente de elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ESTRICTA SEGREGACIÓN DE PERFILES
El modelo constructivo y de gestión diseñado para los seis nuevos complejos penitenciarios federales busca clausurar de manera definitiva los espacios de autogobierno y las redes de criminalidad interna. Para alcanzar este propósito, las instalaciones operarán bajo estrictos protocolos de vigilancia electrónica y segmentación criminológica.
“Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo”, explicó el titular de la SSPC.
Mediante la incorporación de inhibidores de señal celular, sistemas avanzados de control de accesos e inspección no intrusiva, las autoridades federales buscan neutralizar las comunicaciones ilícitas desde el interior de las celdas y ordenar a la población reclusa con base en evaluaciones técnicas de peligrosidad.
UN NUEVO PARADIGMA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y EL GOBIERNO CARCELARIO
Más allá de los componentes estrictamente punitivos y de contención tecnológica, el proyecto integral presentado por el Gobierno Federal contempla un rediseño de los espacios orientados al desarrollo humano y la capacitación productiva, elementos fundamentales para evitar la reincidencia delictiva una vez que los infractores compurguen sus penas.
“El nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo una vez que sean puestos en libertad, servicios de salud y actividades deportivas”, acotó el funcionario federal.
Con este enfoque multifactorial, la estrategia de seguridad busca equilibrar el orden institucional con la restitución de derechos instrumentales para la población penitenciaria.
“El objetivo es contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y, al mismo tiempo, ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de las personas privadas de la libertad”, concluyó el secretario.
De acuerdo con los lineamientos técnicos del proyecto y los calendarios presupuestales estimados por las instancias federales, se proyecta que la totalidad de los trabajos de edificación, equipamiento e inicio de operaciones de los seis nuevos centros penitenciarios concluya formalmente hacia el año 2028.
