Ante los graves hechos de violencia desatados en el estado de Morelos tras la captura y posterior liberación de José David N, alias “El Güero Gym”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a las autoridades locales que rindan cuentas detalladas sobre el manejo del operativo y las decisiones tácticas que permitieron la entrega del presunto criminal.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria federal aclaró que las fuerzas estatales fueron las encargadas de ejecutar la intervención en la región de Totolapan, por lo que corresponde a la fiscalía y a la secretaría de seguridad de la entidad explicar el desarrollo de los acontecimientos y el saldo final de la crisis.
Publicidad
El episodio de inseguridad colapsó la zona de los Altos de Morelos, cerca de Yautepec y Oaxtepec, prolongándose por cinco horas de hostilidades. La incursión derivó en bloqueos carreteros, la quema de vehículos y la retención de tres agentes de la fiscalía estatal por parte de células delictivas, quienes condicionaron la liberación de los elementos a cambio de la entrega de “El Güero Gym”.
Adicionalmente, la tragedia se amplió con la muerte de cuatro policías estatales que sufrieron un accidente automovilístico en el distribuidor vial La Pera-Cuautla cuando se desplazaban para respaldar el operativo en curso.
Publicidad
DECISIONES TÁCTICAS Y CRITERIOS PARA SALVAR VIDAS
Frente a los cuestionamientos sobre el desenlace de la intervención y el repliegue ante la presión de la delincuencia organizada, la titular del Ejecutivo federal analizó los dilemas complejos a los que se enfrentan las fuerzas del orden cuando la integridad de la población y de los rehenes corre peligro inminente. Sheinbaum Pardo argumentó que, en situaciones límite, los mandos operativos priorizan la preservación de la vida humana por encima de la detención inmediata en el sitio.
Publicidad
“Se toma la decisión de salvar vidas, y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener, posteriormente a estar al presunto delincuente que se quería detener y así pues llega ocurrir, pero son decisiones”, puntualizó la mandataria al referirse a la balanza entre la acción policial y la seguridad general.
La presidenta subrayó que la suspensión temporal o el repliegue táctico ante un escenario hostil no significa que las instituciones renuncien a la acción penal o a la captura de los objetivos prioritarios.
De acuerdo con la estrategia explicada, las agencias de seguridad tienen la facultad de rediseñar las operaciones y estructurar nuevas intervenciones para concretar la aprehensión bajo condiciones estratégicas más favorables, siempre que la prioridad absoluta siga siendo el blindaje de la ciudadanía.
COORDINACIÓN FEDERAL Y RESPONSABILIDAD LOCAL
Si bien la administración federal mantiene canales abiertos de comunicación institucional y el Gabinete de Seguridad se encuentra en permanente contacto con el gobierno morelense para ofrecer apoyo logístico y de inteligencia, la presidencia fue enfática en delimitar las responsabilidades jurisdiccionales.
Sheinbaum reiteró que, al haber sido una acción planificada y ejecutada por mandos locales, las explicaciones sobre quién ordenó la liberación y bajo qué protocolos se negoció con los grupos armados recaen estrictamente en el fiscal y en el titular de seguridad del estado.
El caso pone nuevamente bajo la lupa la capacidad de reacción institucional en las regiones con alta presencia delictiva, mientras el Gobierno federal insiste en que la estrategia de seguridad exige transparencia local y un replanteamiento de los protocolos de actuación frente a bloqueos y la retención de fuerzas del orden.
