Ante las múltiples denuncias de agresiones contra la ciudadanía durante el operativo de contención de una manifestación en contra del agua sucia y por la crisis hídrica frente a Casa Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció enérgicamente en contra de estos actos. La mandataria federal advirtió que la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza pública no tienen cabida en el México actual.
Sheinbaum cuestionó severamente la actuación de las corporaciones locales de seguridad tras los hechos documentados por defensores de derechos humanos y familiares, quienes reportaron que los manifestantes detenidos presentaban múltiples lesiones físicas visibles, golpes y contusiones derivados de tácticas como el encapsulamiento, el lanzamiento de gases lacrimógenos y el uso de chorros de agua.
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Al respecto, sentenció: “Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, la tortura, los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”.
INTERVENCIÓN DE LA CNDH Y LA FGR ANTE LAS AGRESIONES Y COACCIÓN A DETENIDOS
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Derivado de los informes sobre la incomunicación temporal de los retenidos y la presunta coacción para obligarlos a firmar documentos sin asesoría jurídica, la presidencia solicitó la actuación inmediata de los órganos de procuración de justicia y protección de derechos humanos, y al gobernador de Jalisco Pablo Lemus aclarar las acusaciones de tortura.
Sheinbaum dijo que las indagatorias deben esclarecer el origen de las directrices operativas desplegadas por policías estatales y municipales en territorio jalisciense.
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“Entonces tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la Secretaría de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró la mandataria al plantear lo que se debe hacer: “Quién dio la orden, que se entreviste a las víctimas y que se encuentre a los responsables”.
Asimismo, enfatizó que la gravedad de los abusos amerita la intervención federal: “Y el caso que mencionas de policías municipales y policías estatales, si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de la República tiene que entrar”.
CONDENA A LA VIOLENCIA ESTATAL Y PLENO ACCESO A LA JUSTICIA
Para la administración federal, la persistencia de estas prácticas de coerción y malos tratos pone en evidencia la urgencia de revisar la actuación de las fuerzas del orden a nivel local. La presidenta remarcó la incompatibilidad de estos abusos con un Estado de derecho, cuestionando el margen de impunidad bajo el cual operaron los mandos responsables: “¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”.
Con esta postura, el Gobierno Federal busca garantizar que las investigaciones no queden en el terreno mediático, exigiendo que tanto la CNDH como la FGR esclarezcan los hechos de violencia en Jalisco y finquen responsabilidades penales y administrativas a los mandos e integrantes de las corporaciones involucradas en la represión de la protesta social.
