“El camino legal apenas comienza y falta mucho por resolver en las instancias correspondientes”, consignó Moreno Guerra, exaspirante a la coordinación estatal de Morena
La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra afirmó que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación no ha desechado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto contra la designación Julieta Ramírez Padilla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
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Moreno Guerra mencionó que la Sala Superior tan sólo reencauzó el asunto a la Regional Guadalajara con la finalidad de que este órgano jurisdiccional permanente califique el planteamiento de la diputada con licencia consistente en que el asunto se conociera mediante la figura de “salto de instancia”.
Evangelina Moreno solicitó que el asunto se conociera mediante esa figura en razón de considerar que “el órgano de justicia partidista no le genera la imparcialidad necesaria para hacer el pronunciamiento respectivo de sus planteamientos conforme a derecho”, tal como recordó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se opuso a que la competencia para conocer de la controversia correspondiera a la Sala Regional.
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Moreno Guerra asentó que la supuesta presentación de resultados o encuestas preliminares a la que procedió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en conjunto con la Comisión Nacional de Elecciones de ese instituto político y relativa al posicionamiento de Ramírez Padilla, no resta objeto al litigio entablado por la legisladora con licencia.
“Por el contrario, la legalidad de todo el proceso de selección sigue en entredicho y sub júdice, por lo que el asunto se encuentra activo y requiere una resolución judicial formal por parte de la Sala Regional Guadalajara”.
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Aseguró que los magistrados de la Sala Regional Guadalajara deberán resolver con motivo de las transgresiones en las que supuestamente incurrieron los órganos partidistas.
“Esto incluye la flagrante violación a los principios de paridad de género e igualdad de condiciones, la indebida exclusión de mi participación en la etapa final de medición, a pesar de contar con las máximas preferencias, la alteración de resultados y la total falta de fundamentación, motivación y notificación formal de los supuestos sondeos aplicados”, consideró la exaspirante a la coordinación que le fue conferida a Ramírez Padilla el 15 de septiembre.
Además, sostuvo que Julieta Ramírez guarda la condición de inelegible, circunstancia que igualmente solicitó que se resolviera con el juicio.
“Conforme a las reglas explícitas de la Convocatoria de Morena y el artículo 6º Bis de sus estatutos, los aspirantes deben acreditar una probidad absoluta y principios éticos intachables”, explicó.
Estableció que la senadora con licencia “se encuentra bajo investigaciones judiciales abiertas por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América” y que “su postulación vulnera el estándar moral interno y coloca al movimiento (impulsado por Morena) en un inminente riesgo de perder competitividad y estabilidad política”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se apartó del sentido del voto emitido por la mayoría de la Sala Superior, consistente en “fijar la competencia de la Regional Guadalajara para conocer del medio de impugnación” y “resolver el salto de instancia solicitado por la promovente”, aseveró que el procedimiento emprendido por Morena para definir la coordinación, “analizado conforme a su naturaleza material, finalidad y contexto en el que se enmarca, revela un impacto con un alto grado de probabilidad de un proceso interno relacionado con la futura candidatura a la gubernatura de Baja California”.
Remarcó que la controversia no debe calificarse meramente como un conflicto referente a un cargo intrapartidista local.
Expresó que la controversia “material y contextualmente” se debe analizar tomando en cuenta la posibilidad de que la coordinación estatal de Morena se vincula directamente “con el proceso político de definición anticipada del perfil que eventualmente podrá contender por la gubernatura”.
De ahí que dijera estimar que se actualizaba la competencia federal (propia de la Sala Superior) para conocer de la controversia y calificar el planteamiento de salto de instancia.
De cualquier manera “el camino legal apenas comienza y falta mucho por resolver en las instancias correspondientes. Tengo la absoluta certeza de que la justicia electoral de nuestro país actuará con total rectitud, protegiendo los derechos político-electorales de la militancia y salvaguardando la legalidad democrática”, consignó Evangelina Moreno.
