El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Durante la audiencia celebrada este 8 de octubre de 2026, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba indispensables para que la autoridad judicial ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, además de decretar un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
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El imputado, quien ostentó el grado de capitán de corbeta en retiro de la Armada de México, fue capturado el 2 de octubre de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión previa.
Las investigaciones ministeriales de la representación social federal ubican a Solano Ruiz como el operador central y coordinador externo de la red de contrabando marítimo de combustibles que operaba en las aduanas del país.
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En las actuaciones del expediente penal se establece que el Capitán Sol actuaba como enlace directo con los titulares de las aduanas marítimas y, en coordinación con el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, gestionaba las adscripciones y traslados del personal naval y aduanero que facilitaba el ingreso ilegal de hidrocarburos.
Dichas gestiones contaban con la autorización directa de los presuntos líderes de la organización denominada Los Primos, integrada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, exmandos navales y sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
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A través de esta estructura, Solano Ruiz coordinaba la recolección y distribución de dádivas económicas cobradas a las embarcaciones para omitir las inspecciones físicas y muestreos de laboratorio a los cargamentos de diésel y gasolina.
El esquema de huachicol fiscal operaba mediante el ingreso de buques-tanque procedentes de Estados Unidos, los cuales declaraban el combustible falsamente ante la autoridad aduanera como aditivo para aceite lubricante, con el fin de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y aranceles tributarios.
Las pesquisas de la fiscalía vinculan a esta organización con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico y 8 millones de litros en Ensenada, generando un quebranto patrimonial al erario estimado en 177 mil millones de pesos, con la participación de 555 empresas transportistas y factureras, así como la colaboración logística de grupos del crimen organizado.
En la vertiente patrimonial, el Ministerio Público Federal incorporó como datos de prueba la adquisición por parte de Solano Ruiz de cuatro bienes inmuebles con un valor total superior a los 9 millones de pesos, monto incoherente con sus percepciones como oficial retirado de la milicia.
El imputado, para quien opera en su favor el principio de presunción de inocencia en tanto no resulte responsable de la imputación en sentencia, enfrentará el proceso penal recluido en el penal de El Altiplano.
