El sector empresarial y turístico de Baja California Sur se ha levantado para exigir que se frene el incremento del Derecho de No Residente (DNR) ya que, advierten, esto restará competitividad al estado frente a otros destinos internacionales.
El Paquete Económico 2027, enviado por la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión, contempla un aumento del 35.8 por ciento al DNR, un cobro que el Gobierno Federal aplica a las personas extranjeras que ingresa al país con determinadas condiciones migratorias, particularmente para turistas.
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Aunque el recurso debería aplicarse principalmente para actividades relacionadas con el turismo, líderes del sector empresarial de Baja California Sur señalan que no hay certeza de que este nuevo incremento traiga un beneficio para el sector.
Desde la XVII Legislatura del Congreso del Estado, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, evidenció esta situación y pidió al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, que intervenga ante la federación para evitar que se apruebe el aumento al DNR.
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Por su parte, el presidente de la asociación Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur), Agustín Olachea Nogueda, expuso que este sería el segundo aumento consecutivo a este cobro que se hace a turistas.
En 2025, según datos del Gobierno de México, se cobraban 861 pesos a extranjeros que buscaran ingresar a territorio nacional.
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Para 2026, el monto subió a 983 pesos, lo que representa un incremento del 14.2 por ciento. No obstante, de aprobarse el Paquete Económico 2027 tal y como fue enviado por el equipo de Claudia Sheinbaum, aumentaría a mil 334 pesos para el próximo año, un alza de casi el 55 por ciento en dos años.
Agustín Olachea declaró que el empresariado entiende las necesidades recaudatorias de la federación, pero esto pone sobre la mesa un escenario en el que es indispensable evaluar las consecuencias y comparar cómo trabajan los gobiernos de otros destinos turísticos.
“Entendemos que es una necesidad recaudatoria del Gobierno Federal, pero también ellos tienen que analizar sus efectos sobre la competitividad turística que va a tener México si esto se autoriza como lo plantearon”, dijo.
“El turismo internacional se desarrolla en un mercado que es sumamente competido, los viajeros están comparando destinos, conectividad aérea, tarifas hoteleras, experiencias, servicios, costo de viajar al destino, incluyendo impuestos y derechos”, agregó.
Olachea Nogueda hizo hincapié en que esto dejaría a México por encima de países que son competencia para los destinos sudcalifornianos, y en un tablero muy similar a casos como el de Nueva Zelanda.
No obstante, el líder hotelero detecta una diferencia notoria: mientras Nueva Zelanda cobra mil 214 pesos mexicanos por un permiso similar al DNR, su recurso sí se aplica en materia de infraestructura turística y protección ambiental, lo que termina impulsando la competitividad de sus destinos.
En cambio, acusa, el recurso que se pretende recaudar con el DNR en 2027 se iría para mejorar las condiciones del Instituto Nacional de Migración (INM); para el Tren Maya, una de las obras insignias del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha estado envuelta en polémicas por inversiones multimillonarias y por casos de corrupción; y para demás proyectos del Gobierno Federal que necesitan subsidios para poder seguir operando por la falta de sustentabilidad.
“Eso no le da ningún beneficio a la industria turística del país. En Baja California Sur hemos venido construyendo el posicionamiento basado en la naturaleza, en el Mar de Cortés, actividades de aventura, pesca deportiva, buceo y el turismo de bienestar, gastronomía con muchos esfuerzos”, insistió.
“Queremos seguir creciendo, pero esto no viene ayudar a nosotros y no nos ayuda en nada. Además, si fuera que van a reconsiderar un esfuerzo de promoción con ese recurso, podríamos hasta analizarlo”, añadió.
Por su parte, el Consejo Coordinador de Los Cabos, así como diversas organizaciones empresariales, turísticas y de la sociedad civil, manifestó su preocupación por esta intención de aumentar la cuota aplicable a los visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Líderes del sector empresarial de Los Cabos hicieron hincapié en que esta propuesta se está presentando en un escenario particularmente relevante para el turismo mexicano, con disminuciones en indicadores de los cuales no ha estado exento el principal destino turístico de Baja California Sur.
Precisaron que, entre enero y agosto de este año, Los Cabos reportó una caída del ocho por ciento en pasajeros internacionales en comparación con el mismo periodo del 2025, lo que implica dejar de recibir 265 mil viajeros.
Los líderes empresariales mencionan que esta tendencia se observa no sólo en Los Cabos sino también en otros destinos de playa, como Cancún y Puerto Vallarta.
Sin embargo, en el caso de Los Cabos, recalcan, el turismo constituye el principal motor de la economía y una fuente fundamental de empleo, inversión y actividad para hoteles, restaurantes, transportistas, comercios, proveedores y numerosas empresas locales.
Es por este motivo en que insisten en que la reducción en las llegadas internacionales debe ser considerada como una señal de atención sobre la competitividad de los destinos sudcalifornianos.
“Reconocemos la necesidad del Gobierno Federal de contar con recursos para atender las prioridades nacionales. Sin embargo, consideramos que un incremento de esta magnitud debe analizarse también desde sus posibles efectos sobre la demanda turística y la competitividad internacional de México”, subrayaron.
Recordaron que los viajeros comparan destinos, tomando en cuenta aspectos como conectividad, oferta turística, tarifas, impuestos, derechos y costos asociados al viaje.
“En un entorno de creciente competencia internacional, aumentar nuevamente el costo de entrada al país podría afectar la capacidad de México para recuperar visitantes”, señalaron.
En este escenario, se unieron al reclamo de los hoteleros de La Paz, ya que consideran importante que la recaudación del DNR debe aplicarse directamente al turismo, para que cualquier medida contribuya a fortalecer la promoción internacional del país y sus destinos.
Cabe mencionar que a este frente se han unido el Consejo Coordinador de Los Cabos, la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Los Cabos.
EL LLAMADO
Otro aspecto que se suma a la preocupación de los líderes de las cámaras y asociaciones empresariales, es que éste no es el primer aumento de un impuesto o cobro que afecta directamente al sector turístico.
Tan sólo en 2026 se registró el aumento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que pasó de 2.5 a tres por ciento en Baja California Sur, así como la creación del derecho de saneamiento ambiental en los municipios de La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé.
También recordaron que en diciembre de 2024 el Senado de la República aprobó un nuevo impuesto de 42 dólares a las personas que lleguen a territorio mexicano a través de cruceros, otra carga que recae sobre el sector.
A esto agregan modificaciones en el sector empresarial en general, como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y del periodo vacacional, lo cual genera una bola de nieve que golpea directamente cuando no hay beneficios o apoyos fiscales.
Agustín Olachea planteó la necesidad de que los representantes populares de Baja California Sur se pronuncien, que escuchen a las cámaras y se dé un revés al incremento del 35.8 por ciento, así como un análisis del impacto y la demanda que tendrá esto en el turismo mexicano.
“Hay que realizar una evaluación integral del costo que actualmente enfrenta el visitante internacional, destinar un parte de los recursos generados por el turismo a la promoción turística internacional de México y sus destinos para recuperar lo que hacía el Consejo de Promoción Turística de México “, dijo.
Comentó que considera importante abrir un espacio de diálogo con asociaciones turísticas y destinos del país, para que la discusión no sea unilateral y así todos puedan aportar en el proceso de análisis y debate en torno al Paquete Económico 2027.
“Esto está afectando a la única actividad económica más importante del país que es superavitaria por sí sola, que es el turismo. Cada vez le quieren colgar más muertitos y más carga, porque como que quieren convertirla también en que sea deficitaria”, mencionó.
“No entendemos en La Paz la lógica con la que están llevando aquello, yo creo que va en contra de la productividad y competitividad de México en el entorno turístico mundial”, finalizó.
Hasta el momento, el gobernador del Estado ha cancelado durante dos semanas seguidas su conferencia de prensa semanal; únicamente se ha pronunciado sobre el recorte que se avecina para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Por su parte, el diputado federal por Baja California Sur, Juan Carlos González Bareño, comentó a ZETA que hará pronunciamiento desde la Cámara de Diputados en dos sentidos: para pedir que no haya incremento al DNR y la otra para que se aplique en promoción turística y no en el INM o en la Secretaría de Marina (Semar).
Asimismo, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) por Baja California Sur, Luis Armando Díaz, dio a conocer que tendrá una reunión con la Comisión de Hacienda y uno de los temas que se abordará son las reformas a la Ley Federal de Derechos, en la cual se propone este aumento al DNR.
