Durante casi cinco años, el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío ha negado el cobro de piso a pescadores de Baja California Sur, mientras que en los hechos los trabajadores del mar han sido obligados a entregar la pesca del día a cooperativas pesqueras vinculadas a miembros del crimen organizado que redistribuyen los productos marinos.
Fue durante la mañana del 19 de agosto del 2026 —a unos días de cumplir cinco años de gobierno—, a través de la “Conferencia para el pueblo”, en la que tuvo participación del Director del Fondo para la Protección de los Recursos Marino (Fonmar), Martín Inzunza Tamayo, quien confirmó que criminales tablean a pescadores como mecanismo de control de la actividad económica.
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“Cuando nos piden auxilio, tanto en vigilancia marítima como en vigilancia terrestre, hay zonas que han entrado en una etapa de estabilidad, ya no hay tableo de pescadores, ya no hay, digamos, una visión muy extractiva de estar sacando el producto y vendiéndolo a mano armada. No hemos sabido en ningún caso, como dijo el gobernador, en este año, en lo que va este año, y en el año pasado tampoco hubo ningún caso de que a mano armada fueran a amenazar a pescadores. Yo creo que se avanzó bastante en eso”, reconoció Martin Inzunza Tamayo.
Sin embargo, los pescadores de la Pacífico Norte y de las comunidades pesqueras como Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos, Villa Ignacio Zaragoza, La Purisima y otras del municipio de Comondú, reportaron la presencia de delincuentes extorsionando a pescadores.
“Otro de los que amedrentan a pescadores amparados con los de maña, el más conocido como el Mirri, del poblado Villa Ignacio Zaragoza, está asociado con su jefe de plaza más conocido Luis Arce de Santo Domingo. Ya basta de tanto atropello; se encarga de obligar a los pequeños pescadores a que le entregue su producto a un precio más bajo si no los tablean y amenazan. ¿Cuándo le van a poner un alto a esta clase de gente que toda la vida se ha dedicado a quitar el pan a las familias de pequeños pescadores?”, exhibió la denuncia de uno de los pescadores de la región.
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Según el director de Fonmar, las grandes comercializadoras que practican la pesca furtiva o ilegal tienen un modus operandi o se ha descubierto un patrón; afirma Inzunza que usan a pescadores de escasos recursos para operar con embarcaciones y autos humildes para reducir costos en caso de ser detenidos.
Inzunza dijo que es una forma de mantener operaciones ilegales de pesca y al mismo tiempo reduciendo gastos en caso de captura por parte de autoridades.
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“Rápidamente se zafan de tener una carpeta de investigación, porque, repito, la mayoría de los casos que hacen pesca son gente muy humilde, pescadores muy humildes, que tienen que trabajar para comercializadores, y cuando se les detiene y se les levanta el acta administrativa, son embarcaciones muy humildes, pero eso es un patrón y no les importa perderlo, porque vuelven a sacar otro al día siguiente. Como hay una mucha demanda de producto pesquero, pero mucha demanda más de lo que ustedes imaginan, pues es un recurso que es finito y sí hay que cuidarlo”, asumió el director de Fonmar.
Pero no sólo el crimen organizado ha establecido esta clase de “cuotas” a pescadores regionales; también Martín Inzunza pretendía cobrar cuota a pescadores de orilla, mediante lo que denominó “derecho estatal”, lo cual recaudaría un impuesto a la pesca de orilla, que pretendían impulsarlo desde Baja California Sur a través del Congreso de la Unión.
“Tenemos un planteamiento para cobrar un derecho estatal también en los torneos de orilla, pero primero vamos a hacer un consenso con los pescadores y también ver la posibilidad de en dónde entraría este derecho, porque también están pescando en la zona federal que está concesionada los municipios a través de un convenio con la Semarnat. Entonces, ¿quién tendría que cobrar? Nosotros estamos planteando que sea el Gobierno del Estado porque ya tenemos un derecho estatal de pesca deportiva y que pagaran lo mismo. 32 pesos que pudieran pagar cada pescador. Que también tengan conciencia que tienen que pagar un derecho para poder tener acceso al recurso natural pesquero”, expuso Martín Inzunza.
URGEN PROTEGER LA PESCA
La necesidad de proteger las pesquerías de Baja California Sur ha llevado a buscar diferentes alternativas, para reducir la pesca furtiva, pero también para proteger a las especies marinas mediante recorridos de vigilancia marítima.
La Red de Observadores Ciudadanos (ROC) puso en operación en el mar del Golfo de California a “Centinela” una embarcación que la organización pone a disposición de la ciudadanía en conjunto con las autoridades para vigilar los mares sudcalifornianos.
“Proteger estas aguas de la pesca ilegal dependía de patrullajes limitados. Centinela cambia eso: 9.15 metros de eslora, 10 horas de autonomía, 150 millas náuticas de alcance, radar y Starlink a bordo. Eso significa más tiempo en el agua, mejor evidencia, y coordinación en tiempo real con Marina, Conapesca, PROFEPA y CONANP. Sólo en 2025, ROC realizó 207 recorridos, acumuló más de mil horas de vigilancia activa y recorrió más de 20 mil km junto a autoridades. Hoy, ese trabajo tiene un nuevo aliado en el agua; Centinela ya navega por el Golfo de California”, dio a conocer ROC.
Por su parte, Esteban García-Peña, coordinador de investigaciones y política pública en Oceana, organización dedicada desde 2001 a la protección y restauración de los océanos, explicó que las pesquerías de la Península de Baja California, y en particular Baja California Sur, han caído en deterioro por la sobreexplotación y el descuido de las dependencias encargadas de proteger los mares.
Reconoce que hay omisiones por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en las obligaciones de protección de especies; no sólo se trata de dar aviso del estatus de la especie, sino buscar alternativas de recuperación.
“La actividad pesquera implica grandes ingresos, tanto por la venta nacional, como la exportación de productos del mar. Precisamente, especies como el abulón y el erizo rojo, ambas consideradas como ‘en deterioro’ en la Carta Nacional Pesquera, se exportan a Estados Unidos y Asia, y su deterioro trae consigo menos ingresos para las personas pescadoras y sus familias. Más que malas políticas, el Estado, en este caso la Conapesca ha sido omiso en su obligación de recuperar el abulón, el erizo rojo y otras 22 pesquerías que se encuentran deterioradas en todo el país, pues no ha llevado a cabo acciones contundentes ni estrategia alguna para su recuperación”, afirmó Esteban García-Peña.
A mediados del mes de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el aseguramiento de dos personas que transportaban 70 costales de almeja chocolata y 197 pastillas que posiblemente contienen fentanilo, 80 cartuchos para arma de fuego útiles y 12 percutidos.
Sin duda, para las autoridades federales el aseguramiento del producto marino, la droga y cartuchos constituye una actividad ilegal, por lo tanto, el producto marino como las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición.
“En México, alrededor del 40 por ciento de las capturas de especies pesqueras es de origen ilegal, lo que tiene un serio impacto, no solo en la abundancia, sino en el ciclo biológico de cada una de las especies. Buena parte de esa sobreexplotación, es por la pesca ilegal y otra por la falta de controles por parte de las autoridades, tanto en el otorgamiento de permisos, la falta de estándares (tallas, cuotas y artes de pesca adecuados) y la supervisión de los arribos de producto, como en las labores de inspección, vigilancia y sanción, que son producto de la reducción en el presupuesto público y la corrupción”, sostuvo García-Peña.
Para reducir las actividades ilegales vinculadas a la pesca del estado, la organización Oceana, busca aplicar acciones de recuperación de los productos marinos, que las reglas sean claras y las sanciones mucho más.
“Fortalecer el marco jurídico-regulatorio, incorporar la visión de manejo pesquero con criterios ecosistémicos y de resiliencia y, principalmente, que la autoridad pesquera con el apoyo técnico del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable para establecer estrategias nacionales de recuperación de pesquerías y diseñe, implemente y vigile la realización de planes de manejo para restauración. Además, será necesaria una mayor dotación de recursos públicos a estas dependencias, considerando la recuperación de las 24 pesquerías deterioradas”, apuntó el coordinador de investigaciones y política pública en Oceana.
JUEZ ADMITE AMPARO
Pesquerías en México y en Baja California Sur están en deterioro, algunas especies marinas están muy por debajo del estándar comercial, y aun así se siguen comercializando por necesidad del sector pesquero, y la autoridad ha sido omisa.
El Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, A.C. (también conocido como Defensa Ambiental del Noroeste, DAN), interpuso un amparo para exigir la protección de las especies marinas en crisis. Un juez federal admitió la demanda de amparo que exige al Estado mexicano cumplir con su obligación constitucional de restaurar pesquerías en deterioro, evitar su posible colapso y proteger la biodiversidad de sus mares.
“Es una demanda que le exige al Estado mexicano hacer algo para restaurar las pesquerías que están en colapso en los mares mexicanos, reclama que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Conapesca han omitido adoptar e implementar medidas efectivas para la conservación, recuperación y manejo sostenible. Registrar durante años que una pesquería está en deterioro no equivale a protegerla. El diagnóstico debe traducirse en acciones capaces de recuperar poblaciones viables, conservar sus hábitats y restablecer los procesos naturales de los que depende la vida en el mar. Concentrar la atención en recuperar la abundancia de especies al borde del colapso es clave para la conservación y protección de la riqueza marina de México”, afirmó Cecilia García Muñoz, vocera de DAN.
En Baja California, la pesquería está clasificada en deterioro, mientras que en Baja California Sur su clasificación es como aprovechada al máximo sustentable.
Muchas de las especies marinas en riesgo de colapso, forman parte de platillos tradicionales, y muchas de ellas son un soporte económico para las comunidades pesqueras, por ello es la urgencia de que el Gobierno mexicano intervenga con acciones concretas en la protección y delimite las reglas de extracción y comercialización.
“En específico, las especies que habitan en las costas de Baja California y Baja California Sur —como el abulón en sus diferentes subespecies (azul, amarillo, negro, chino y rojo), así como la lisa, lisa rayada, blanca y hospe— enfrentan una situación crítica. Ya sea por sobrepesca o por otras presiones que impactan su hábitat, estas especies ya están descritas y reconocidas por México como recursos en riesgo de colapso”, enlistó Cecilia García.
La falta de colaboración entre autoridades de toda la Península, así como de federación, estado y municipios, debilita la protección de los litorales compartidos, dejando desprotegidas zonas donde la presión es constante contra los recursos marinos.
Ante este panorama, especialistas en la materia coinciden en que la recuperación de los ecosistemas marinos requiere estrategias integrales que trasciendan los límites de competencia, pero en común acuerdo. El reto principal radica en conjuntar la inspección oficial con el ordenamiento de las cuotas y el combate frontal a las prácticas irregulares, aceptando la problemática del sector pesquero y la intromisión del crimen organizado e ir cercando las actividades ilícitas que estrangulan la economía costera.
“Hay muchas herramientas; la veda es una de ellas, pero también la actualización de normas oficiales, la actualización de reglamentos sobre las tallas, las temporalidades, la inspección y la vigilancia. Todas esas cosas, digamos como un plan integral, son la ruta que México debería seguir para restaurar las pesquerías. Cada especie tiene sus particularidades, sus temporalidades, sus problemáticas, sin duda la pesca furtiva, la pesca irregular y la falta de vigilancia, pues son una de las principales presiones”, finalizó la vocera del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente.
