Colectivos de búsqueda denunciaron la posible reducción de recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda. El presupuesto para la Guardia Nacional aumentará mientras reducen fondos para las víctimas
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C., junto con organizaciones civiles del país, emitieron un posicionamiento conjunto para denunciar la proyección de recortes financieros a la Comisión Nacional de Búsqueda en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2027.
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La manifestación pública señala una disminución contemplada de 39 millones de pesos en el rubro destinado a los subsidios para acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, partida orientada a financiar las labores operativas de las comisiones locales en las entidades federativas.
De igual forma, los colectivos documentaron una reducción de 334 millones de pesos en la partida correspondiente a la determinación, ejecución y seguimiento de las acciones de localización institucional.
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Las organizaciones civiles advirtieron que esta reducción presupuestal impactará directamente en la capacidad operativa de las comisiones estatales de búsqueda, instancias encargadas de las labores de campo de las familias en un contexto nacional que supera los 135 mil registros oficiales de personas no localizadas.
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Entre las demarcaciones territoriales con mayor afectación figura el estado de Jalisco, entidad que contabiliza más de 16 mil expedientes de desaparición de acuerdo con los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
El documento signado por el colectivo establece un contraste entre la disminución de fondos para la búsqueda de víctimas e incrementos asignados a la seguridad pública federal, destacando una ampliación de 7 mil 54 millones de pesos para la Guardia Nacional, cifra que representa un aumento del 28.9 por ciento en la asignación presupuestal de dicha corporación militarizada.
Asimismo, la postura difundida por las agrupaciones sociales destaca una contracción del 3.3 por ciento en los recursos dirigidos a la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las familias agrupadas en la búsqueda señalaron fallas en la gestión institucional, citando irregularidades en las operaciones del Servicio Médico Forense al no notificar oportunamente la localización de cuerpos previamente identificados en las instalaciones de las morgues estatales.
Ante la proyección financiera, las organizaciones firmantes demandaron el cumplimiento formal de las obligaciones legales estipuladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, normativa que mandata a las autoridades de las distintas órdenes de gobierno a garantizar la protección integral y los recursos económicos necesarios para mantener las labores de localización e investigación en el territorio nacional hasta lograr determinar el paradero final de las víctimas de desaparición.
