La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó el refinanciamiento de un crédito contratado en 2016 por el Gobierno del Estado durante la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis, para reconstrucción de infraestructura dañada por el impacto el huracán Odile.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos expone que esa “operación financiera” permitirá al mandato del gobernador, Víctor Castro Cosío, liquidar de forma anticipada la deuda.
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Según se explica en el dictamen, el crédito tiene un saldo pendiente de 661.7 millones de pesos. El esquema del Fondo de Reconstrucción (FONREC) permitirá cubrir la mayor parte del adeudo con la redención de un bono federal.
Sin embargo, el Gobierno del Estado argumentó que requerirá la contratación de un nuevo financiamiento por la diferencia, que es de 118 millones de pesos.
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En el dictamen de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos se precisó que el Gobierno del Estado cuenta con una capacidad de pago y un nivel de endeudamiento “sostenible”, tomando en cuenta datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Asimismo, la Comisión insistió en que el refinanciamiento y pago anticipado del crédito traerá un ahorro en el pago de intereses y la deuda disminuirá casi en un 50 por ciento.
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Posterior a la aprobación del Congreso del Estado, Víctor Castro defendió la medida, sosteniendo que esto ayudará a que su administración deje finanzas con menor deuda para el próximo gobierno.
Aunque Castro Cosío ha manifestado en diversas ocasiones que uno de los objetivos es reducir lo más posible la deuda pública de Baja California Sur, que según la Secretaría de Finanzas y Administración supera los mil 300 millones de pesos, su administración ha solicitado créditos a corto plazo cada año desde que comenzó.
El mandatario y la titular de la Secretaría de Finanzas, Bertha Montaño Cota, argumentan que estos créditos a corto plazo deben solicitarse para cumplir con las cargas financieras de fin de año, como el pago de nómina.
Sin embargo, ha habido ocasiones, como en el arranque de la administración, se pidieron préstamos de alrededor de 900 millones de pesos para tener solvencia, ya que acusaban que el gobierno de Carlos Mendoza (2015-2021) los había dejado en una crisis financiera.
