“Mientras en otro país, Estados Unidos, son investigados, y se les retira el documento de entrada al mismo, en México son exculpados de inmediato”.
La última vez que Andrés Manuel López Beltrán estuvo en los Estados Unidos fue el 25 de julio de 2025 en Seattle, Washington. Llegó a esa ciudad por el Pacífico, para de ahí trasladarse a Japón, en las que fueron sus polémicas vacaciones del verano del año pasado, cuando fue retratado saliendo de una tienda de diseñador de alta gama, nada austera pues, y hospedarse en un lujoso hotel con restaurante también de alto poder adquisitivo.
Después de esa fecha no intentó cruzar frontera alguna de México hacia los Estados Unidos, ni terrestre ni por vía aérea. Al menos así aparece en los registros oficiales del gobierno norteamericano, mismos que indican que fue el martes 11 de agosto de 2026 cuando la visa de turista para internarse a territorio norteamericano le fue revocada al mayor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Un día después que se le revocara la visa en el sistema del gobierno de los Estados Unidos, el 12 de agosto de 2026, el Departamento de Estado del vecino país notificó al también conocido por el apocope de “Andy”, y al día siguiente, el 13 de agosto, éste informó en una virulenta carta publicada en sus redes sociales sobre la revocación, donde incluso califica la acción de Estado de otro país bajo sus leyes, como una decisión basada en una “enfermiza fobia conservadora en contra de Morena”, pretendiendo politizar un tema que, al menos hasta lo que se conoce ahora, el gobierno norteamericano aborda como una investigación criminal.
En sobradas ocasiones los titulares de las agencias de investigación de los Estados Unidos, Embajadores o el jefe del Departamento de Estado de aquella nación, han dicho que la visa no es un derecho de nadie, y su gobierno decide a quién concede ese privilegio, lo mismo la revocación cuando se trata de personas vinculadas en sus investigaciones, es decir, en otro país, con el crimen organizado o los cárteles de las drogas, que el Presidente de la Unión Americana clasificó, en un decreto firmado en enero de 2025, como organizaciones terroristas.
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Sobre esa base institucional y jurídica del gobierno de los Estados Unidos, advirtieron sus actores protagonistas, que quitarían visas a todo aquel que tenga vínculos con los cárteles de las drogas mexicanas, sin importar quiénes son, de cuál partido o cuál posición ostentan. Así se ha dado la escalada de retiro de visas. La primera fue la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su entonces esposo, Carlos Torres Torres. Posteriormente el mismo 2025, la exalcaldesa de Rosarito, la también morenista Araceli Brown; luego vendría el 26 de abril de este 2026 y el Departamento de Justicia norteamericano informaría de un proceso judicial contra Rubén Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa, por colaborar y apoyar al narcotráfico, de manera particular a la célula de los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Por supuesto le fue revocada la visa, por lo que solicitaron entonces que fuese detenido y extraditado, y de ahí se vendrían otras revocaciones de visa a morenistas como los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, respectivamente, y el más reciente, el caso de Andy López Beltrán.
La soberbia del hijo mayor del expresidente empezó a notarse cuando exigió no ser llamado Andy, aun cuando su padre se dirigió a él con ese apocope de forma cariñosa, porque argumentó que lo hacían en tono peyorativo, para demeritar su valía como heredero de su padre, Andrés Manuel López Obrador, pero la exhibió de una forma contundente en la carta que escribió al Presidente de los Estados Unidos, para “acusar” a funcionarios de su gabinete: “para informarle que Marco Rubio, Secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, Subsecretario de esa dependencia, denominado ‘el quita visa’, me han ordenado quitarme el permiso para entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano…”.
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En el colmo de la soberbia, le pregunta al Presidente de otro país porqué no destituye a sus funcionarios, Rubio y Landau, y por supuesto, politiza el tema, insertándolo incluso en el clima político electoral que vive México, al asegurar que tal acción, de retirarle la visa, corresponde a “una enfermiza fobia conservadora en contra de Morena y de sus dirigentes”, cuándo ni él ni su padre, ni ninguno de los gobernadores, y la gobernadora, desvisados, son dirigentes de tal movimiento.
La realidad, en el vecino país, no en México, es que todas las personas, ciudadanos, civiles, gobernantes y en este caso un ciudadano tabasqueño que aspira a la candidatura a una Diputación federal por aquella entidad federativa, es que han sido declaradas personas no gratas, porque son parte de investigaciones que las relacionan con vínculos con criminales.
Así justamente lo dijo hace unos días a ZETA un representante del gobierno de los Estados Unidos, cuándo se preguntó si investigaban a la Gobernadora de Baja California y por cuáles delitos, pues ella indicó en una entrevista desconocer si era investigada y por qué: ella es investigada por varios delitos, también su esposo y otras personas, por vínculos con el crimen organizado. La fuente no quiso revelar el nombre de las otras personas, ni los delitos en específico, porque dijo, la indagación está en curso.
En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, fuentes del Departamento de Estado informaron del día de la revocación y del día de la notificación, pero no los motivos, sólo que sí es parte de una investigación el hijo mayor del expresidente.
