La aprobación de seis rutas nuevas para la demarcación de Santa Fe en Tijuana por parte del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) generó el descontento de la empresa de transporte Altisa, la cual, en represalia, realizó bloqueos tras acusar una supuesta invasión de rutas. Este viernes, autoridades estatales y directivos de la empresa transportista se reunirán para llegar a un acuerdo; sin embargo, el director del instituto, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, advirtió que hay un hartazgo hacia la empresa, sentenciando un “ya basta”.
El anuncio del domingo de las nuevas rutas: Santa Fe–Colinas del Sol–Zona Centro, operada por Azul y Blanco J. Magallanes; Santa Fe–La Gloria–El Tecolote y Ejido Lázaro Cárdenas–Zona Centro, operadas por la Unión de Taxis La Gloria; Playas de Rosarito–Santa Fe, operada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransporte y Conexos “Fernando Amilpa” Delegación 15; y la del Ejido Lázaro Cárdenas–5y10, correspondiente a Altisa.
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Desató la molestia de dirigentes y choferes de Altisa, quienes bloquearon el bulevar Lázaro Cardenas y el IMOS el pasado 24 y 25 de agosto, respectivamente, alegando una supuesta invasión en sus rutas, particularmente la de Santa Fe–5y10–UABC Otay–Tecnológico Tomás Aquino, la más extensa con 53.06 kilómetros de recorrido manejada por Operatt BC, que abarca Cedros, Calidad, la Plaza Pajarita, Mar de Cortés, Colinas del Sol, Periférico, Pacífico, cruza el nodo de la 5y10, transita por el bulevar Federico Benitez, la colonia 20 de Noviembre y Buena vista hasta UABC para concluir en el TEC.
A través de una transmisión en vivo realizada el lunes en Facebook, el director de Altisa, Víctor Sevilla, señaló: “Estamos siendo avasallados, abusados de parte del IMOS. Este día hemos sido invadidos por el director del IMOS, hemos sido invadidos en dos de nuestras rutas…Nos han quitado las rutas gobernadora”.
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En otra transmisión en vivo, el jueves 27 de agosto Víctor Sevilla mencionó que nunca se les notificó de un procedimiento para modificar la asignación de sus rutas, asegurando que sus concesiones son legítimas desde hace más de 30 años. Asimismo, manifestó su disposición de acudir a la reunión de este viernes con la Secretaría General de Gobierno con “pruebas en mano” para desmentir los señalamientos del titular del IMOS.
Sin embargo, el titular del IMOS aclaró que Altisa nunca tuvo la concesión de dicha ruta, sino que comenzó a operarla ilegalmente desde hace tres semanas, existiendo un rechazo de la comunidad universitaria por no respetar la tarifa estudiantil, malos tratos, entre otras cuestiones.
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“Altisa no entra”
De acuerdo con la presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Distrito XIII, Ibeth Roblero, la nueva ruta nació de la necesidad de facilitar el trayecto a alrededor de 500 estudiantes, principalmente de la UABC y el TEC desde Santa Fe hasta Otay, siendo Operatt BC la única que se ajustó a sus tiempos e inclusive “se trató de no tocar las bases de Altisa ni de ninguno”, afirmó.
Pese a ello, la reacción de Altisa fue “agresiva” al realizar bloqueos y movilizaciones que generaron temor entre la comunidad. Ante esto, el Consejo Ciudadano solicitó patrullajes a la policía municipal en la base de la ruta para evitar incidentes, mientras madres de familia organizaron guardias por turnos para vigilar la zona. Asimismo, se envió un oficio al IMOS solicitando la continuidad al servicio; no obstante, la operación fue suspendida por decisión de los mismos transportistas, quienes esperarán los resultados de la reunión entre Altisa e IMOS celebrada este viernes para reanudar labores.
Mientras tanto, los estudiantes permanecen sin servicio, por lo que Roblero fue tajante: “Vamos a trabajar con Operatt, si ellos se ajustan a lo que el ciudadano necesite, ¿cuál es el problema? Esa es nuestra postura, pero Altisa no entra”.
Por su parte, cuestionado sobre si se contempla conceder a Altisa la ruta que reclama, el titular del IMOS declaró: “Meter a la universidad ese servicio sería forzar las cosas. Queremos que estén conscientes estas personas que ya son demasiados los agravios que ha recibido la ciudadanía de parte de ellos y que la autoridad es la que tiene que tomar las decisiones que sean mejores para la comunidad”.
Al preguntársele si se aplicaran sanciones a Altisa en caso de que escale el conflicto, por ejemplo, retirándole algunas rutas concesionadas, Gutiérrez Topete respondió: “Todo está dentro de lo posible y dentro de lo jurídicamente viable, ya hay un hartazgo general y un ya basta”. Respecto a la reunión que sostendrán con Altisa este viernes, concluyó: “Vamos a ver qué actitud trae, porque normalmente la empresa quiere que las cosas sigan como están y autogobernarse, algo que no vamos a permitir”.
Cifras del IMOS indican que Altisa cuenta actualmente con 70 rutas concesionadas, de las cuales no opera ni la mitad.
ZETA trató de contactar a Altisa a través de su página de Facebook, para conocer su postura sobre el conflicto, pero hasta este cierre de edición (miércoles 26 de agosto) no se obtuvo respuesta.
