La FGR informó que Fernando Farias Laguna, detenido en Argentina en abril mediante una Ficha Roja de Interpol, será trasladado a México para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requiere. El ex servidor público es señalado por su posible relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves sobre los avances en el procedimiento de expulsión de Argentina y traslado a México de Fernando Farías Laguna, ex servidor público presuntamente relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.
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De acuerdo con la dependencia, Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, luego de que la FGR solicitara la emisión de una Ficha Roja de Interpol, al existir una orden de aprehensión en su contra.
Como parte del procedimiento, personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó a Argentina para trasladar al detenido a México, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
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Para concretar el traslado, la Secretaría de Marina dispuso de una aeronave en la que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán el traslado hacia la Ciudad de México.
La FGR señaló que esta acción es resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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La dependencia también reconoció la colaboración de autoridades de Estados Unidos, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de Argentina.
La Fiscalía reiteró su postura: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
El contralmirante es señalado como uno de los líderes operativos de una organización delictiva denominada “Los Primos”, la cual controlaba el flujo de huachicol fiscal en puertos estratégicos como Tampico y Ensenada.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta red operó con la complicidad de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y grupos del crimen organizado.
La estructura de corrupción fue expuesta por un testigo protegido de la FGR, bajo la clave “Santos”, identificado como Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico. El testimonio ministerial detalla que la red corrompió a marinos y personal aduanero mediante pagos por cada buque que atracaba con combustible de contrabando.
La cuota establecida para permitir el desembarque de hidrocarburos era de un millón 750 mil pesos por barco. Bajo este esquema, se estima que entre abril de 2024 y enero de 2025 ingresaron al menos 14 buques con combustible ilegal solo por el puerto tamaulipeco.
Fernando Farías Laguna compartía el mando de esta organización con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido en México en septiembre de 2025 junto con otros 14 involucrados.
Ambos son identificados como sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El secretario de Marina actual, Raymundo Morales, confirmó que los hermanos Farías Laguna fueron dados de baja de la SEMAR tras las acusaciones y procesos legales en su contra.
La magnitud de la red involucra a 555 empresas, entre las que destacan Mefra Fletes y Autolíneas Roca, vinculadas a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, presunto cerebro financiero del esquema que se encuentra prófugo.
Las indagatorias señalan que el daño al erario por la evasión de impuestos y aranceles asciende a 177 mil millones de pesos. Los operativos de marzo de 2025 resultaron en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico y 8 millones de litros de otros combustibles en un predio de El Sauzal, en Ensenada.
Los vínculos con el narcotráfico incluyen la colaboración de grupos como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes proveían logística y seguridad a la red.
En el aspecto financiero, la UIF detectó movimientos millonarios realizados por Fernando Farías Laguna que no coinciden con sus ingresos como servidor público. Entre 2019 y 2023, el contralmirante adquirió inmuebles, un vehículo con valor superior a 1.8 millones de pesos y realizó pagos en efectivo por más de 500 mil pesos.
Además, se documentó una aportación a una póliza de vida por más de 11 millones de pesos y un cheque de caja por 2.2 millones de pesos a favor de un familiar. El expediente también señala depósitos por 52 millones de pesos en casas de apuestas y casinos vinculados a los miembros de la red.
El contexto de este caso ha estado marcado por una serie de muertes violentas de personas relacionadas con el sector marítimo y la investigación de hidrocarburos.
Entre las víctimas se encuentran el empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021; el subdirector de la aduana de Manzanillo, Sergio Emmanuel Martínez, localizado sin vida en 2023; y el fiscal federal de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ejecutado tras encabezar investigaciones sobre el huachicol fiscal en 2025.
Asimismo, se registraron las muertes del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar y del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, este último reportado como suicidio.
La FGR ha aclarado que, hasta el momento, no cuenta con imputaciones directas que vinculen a los hermanos Farías Laguna con estos homicidios, basando sus procesos actuales estrictamente en delitos fiscales y de delincuencia organizada.
Fernando Farías Laguna no compareció a las audiencias judiciales programadas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, lo que motivó la orden de aprehensión que finalmente llevó a su captura en el extranjero.
