La Asociación Mexicana de Urbanistas señaló que municipios aún toman decisiones con instrumentos de hasta dos décadas de antigüedad, mientras persisten problemas de movilidad, servicios, crecimiento urbano y zonas de riesgo.
Baja California mantiene un rezago de casi 10 años en la actualización de su normatividad urbana, situación que ha dejado a municipios y centros de población tomando decisiones con instrumentos de planeación de hasta dos décadas de antigüedad, señalaron integrantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas de Baja California (AMU).
Ante la necesidad de atender diversas problemáticas en los siete municipios de la entidad, la asociación, conformada por ingenieros, arquitectos y especialistas en urbanismo, dio a conocer este martes 18 su integración en Baja California, con la intención de colaborar con gobiernos y organizaciones civiles en la atención de problemáticas relacionadas con el desarrollo urbano.
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Durante la conferencia de prensa, el secretario general de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Javier Sandoval Félix, explicó que el gobierno estatal y los municipios mantienen un rezago normativo en la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano federal, emitida en 2016, debido a que la legislación estatal aún no ha incorporado los nuevos criterios de planeación urbana establecidos a partir de los acuerdos internacionales en la materia.
“No se integraba la normatividad estatal con una normatividad del 2016 que salió a raíz de unos eventos de Naciones Unidas que hubo de un foro de urbanismo en el cual se puso la pauta de los nuevos temas y retos que deberían de enfrentar las ciudades, a nivel estatal falta que se actualice y falta que pase a los municipios para que finalmente pueda permear a toda la población”, explicó.
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Señaló que la falta de actualización no se limita a las leyes, sino que también alcanza a los instrumentos con los que los municipios deben planear su crecimiento, pues en los municipios o centros de población que no cuentan con un PDUCP vigente se toman decisiones con instrumentos de 10 o hasta 20 años de antigüedad.
Como ejemplo, mencionó que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ensenada data desde 1980 y actualmente se encuentra desactualizado para orientar el desarrollo de la ciudad.
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En el caso de San Quintín, todavía se enfrenta el reto de contar con un programa de desarrollo urbano para sus principales centros de población, lo que dificulta establecer una planeación para ordenar el crecimiento de las comunidades.
A este rezago se suma la falta de un Instituto Estatal de Planeación, contemplado normativamente desde 2012, pero que no se ha constituido físicamente, por lo que algunas de sus funciones son absorbidas por otras instancias sin que exista una responsabilidad claramente definida como rectora de la planeación urbana en el estado.
Esta situación también ha derivado en la pérdida de facultades y recursos de los institutos municipales de planeación, pese a que son los organismos encargados de identificar las problemáticas de las ciudades y plantear soluciones.
De acuerdo con los especialistas, esta falta de actualización y coordinación provoca que cada municipio atienda sus necesidades de manera aislada, pese a que existen problemáticas que requieren una visión conjunta entre los distintos órdenes de gobierno, como movilidad, agua, energía, infraestructura y crecimiento urbano.
Sandoval Félix consideró necesario establecer una visión de desarrollo para Baja California que trascienda las administraciones y cuente con participación ciudadana para dar seguimiento a los proyectos, pues señaló que aquellos que logran mantenerse durante varios gobiernos suelen contar con una participación ciudadana que vigila su cumplimiento.
“Tienen que tener una función propositiva de empujar los desarrollos y que sean elementos para que puedan coordinar a los actores para los grandes proyectos, porque hay grandes proyectos que solamente de manera voluntaria pueden salir. Un tema de transporte público por ejemplo, el tema del agua”, explicó.
En el caso de Ensenada, expuso que la falta de planeación también se refleja en el espacio público, pues actualmente se han considerado alrededor de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que la norma establece nueve.
Lo anterior, aunado al crecimiento de la ciudad, ha generado un conflicto cada vez mayor entre zonas industriales y habitacionales.
En San Quintín, los especialistas señalaron que el crecimiento urbano se ha concentrado a lo largo de la carretera, sin suficientes rutas alternas de movilidad, mientras que algunas comunidades todavía enfrentan carencias en servicios como drenaje y pavimentación.
En Tijuana, mencionaron que entre las principales problemáticas se encuentran los deslizamientos de tierra y el crecimiento urbano en zonas de riesgo.
La asociación adelantó que buscará establecer vínculos con gobiernos, colegios, instituciones académicas y organizaciones civiles para analizar las problemáticas de cada municipio y proponer alternativas, sin sustituir a las autoridades ni descartar los trabajos que ya se han realizado.
