La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional 180/2025, provocó que los transportistas de Los Cabos estallaran en manifestaciones en Baja California Sur, un fallo del máximo órgano judicial que invalidó apartados del Reglamento de la Ley de Transporte del estado y que podría dar paso a una nueva era para el servicio público en la entidad.
Se trata de una batalla legal que iniciaron los transportistas con concesiones federales, que desde 2025 han protestado para exhibir supuestos abusos por parte de autoridades estatales, ya que les prohíben entrar a determinados tramos, además de obligarlos a registrar los servicios que ofertan con 72 horas de anticipación.
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Este conflicto parece haber llegado a su fin en el plano jurídico, ya que la SCJN resolvió que los artículos 6 y 47 Bis del Reglamento de la Ley de Transporte del estado son inválidos.
¿Qué es lo que establecían estos artículos? Como tal, las autoridades locales pretendían imponer que los concesionarios del autotransporte federal debían contar con un permiso específico, expedido por la Dirección de Transporte, para poder prestar sus servicios en tramos estatales.
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Con esto, la SCJN resolvió que el gobierno de Baja California Sur no tiene facultades para imponer registros, cuotas o permisos adicionales a las empresas de autotransporte federal, ya que estas deben regularse exclusivamente bajo los criterios y normativa que establece la federación.
Aunque concesionarios federales celebran esto como una victoria y un avance, esperando que las autoridades locales atiendan y respeten la determinación, los transportistas con concesiones estatales manifestaron su rotundo rechazo.
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PROTESTAN EN LA PAZ Y LOS CABOS
Las protestas no se hicieron esperar en Los Cabos, para el martes 30 de junio estalló la primera movilización que incluyó un paro total de la prestación de servicio público en San José del Cabo y Cabo San Lucas desde las 9:00 hasta las 10:00 horas.
La suspensión del servicio afectó a miles de usuarios en las ciudades del principal destino turístico de Baja California Sur, con retrasos para llegar a sus centros laborales o a sus actividades cotidianas.
Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, las unidades de concesionarios estatales iban llegando a la calle Isabel La Católica para iniciar con un bloqueo del acceso principal del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado.
Se abarrotaron en los espacios del recinto legislativo y exigieron a las y los diputados de la XVII Legislatura que dieran la cara por ellos.
“¿Por qué beneficiar a las empresas transportistas federales e ir en contra de su pueblo y quitarle la fuente de empleo?”, cuestionaron a su llegada.
De inmediato demandaron a las y los legisladores que buscaran un mecanismo expedito para lograr una audiencia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para buscar soluciones al problema que (aseguran) se les vendrá encima.
“Queremos escuchar presidenta, de su propia voz, cuáles fueron los motivos para dar el fallo a favor de las transportadoras. Cómo menos de un año fue suficiente tiempo para poder resolver un tema tan delicado en el estado de Baja California Sur como es el transporte, y como siempre no tomar en cuenta a los transportistas para defender nuestros derechos y argumentos”, exclamaron.
En este sentido, cuestionaron de qué sirve tener una concesión estatal y cómo los ampara esto como transportistas ya que, ahora con la resolución de la controversia constitucional, podrá venir cualquier persona ajena al sector y prestar este servicio público a la comunidad.
Acusaron que son más de mil 200 familias en el municipio de Los Cabos las que están en riesgo de perder su fuente de ingresos.
“Están atentando en contra del sustento de miles de familias, ir en contra del escalafón de miles de choferes que esperan que como fruto de su trabajo contar en determinado tiempo con ese beneficio ¿en dónde queda los años de trabajo desempeñado? ¿Por qué nos despojan sin un argumento válido de nuestros derechos?”, insistieron.
“Merecemos escuchar en qué se basaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar este fallo y favorecer a las empresas privadas de transporte público federal y pisotear los derechos de su pueblo”, recalcaron.
Los transportistas subrayaron que el pueblo tiene memoria y que están unidades para defender su fuente de empleo hasta “donde tope”.
ESTAMOS EN RIESGO DE DESAPARECER: TRANSPORTISTAS
El secretario general del sitio de taxis Pericúes, Luis Enrique Félix, recalcó que están en riesgo de desaparecer si no se toman otras consideraciones y limitaciones a través de nuevas iniciativas y reformas.
Se unió a la inconformidad y denunció que la SCJN resolvió en menos de 10 meses, sin sustento, sin fundamento, sin profundo conocimiento de la idiosincrasia y del origen de los artículos que invalidó.
“En ese tenor, nos coloca en la antesala de desaparecer el transporte público concesionado como lo conocemos hasta hoy, entonces se coloca en el manifiesto riesgo de desaparecer, esto en razón de que el transporte turístico federal al no contar con estas mínimas limitantes legales pues entonces hará las veces de taxi”, declaró.
“Eso es claro, el taxista no exige para él, entendámoslo; queremos el progreso, queremos la legalidad, queremos el respeto a la norma, el respeto a la ley. No queremos esfera de competencia ni laboral ni legal”, agregó.
Hizo hincapié en que históricamente han respetado y respetarán el autotransporte turístico federal en sus funciones, pero que es justo ese criterio el que exigen se aplique para ellos.
“Lo que corresponde al taxista, déjalo al taxista; necesita poner pan en su mesa. Lo que corresponda al auto transporte turístico federal no lo toques porque no es ámbito de tu competencia, cuando no se respetan estas reglas, más que jurídicas, naturales. Cuando no hay para todos, va a haber patadas”, puntualizó.
A las demandas, Luis Enrique Félix sumó el hecho de que son el polo turístico con mayor crecimiento del país y en el mundo, aun así, sólo cuentan 10 inspectores de transporte.
“Eso es aberrante señores. ¿Cómo interpretamos eso? O nos exacerbamos los taxistas o eso es una completa idiotez creer que 10 inspectores de transporte puedan verificar, vigilar y, en su caso sancionar, el transporte público estatal y el autotransporte turístico federal en el polo de mayor crecimiento de nuestro país”, arremetió.
“Miles de cuartos de hotel, cientos de desarrollos turísticos amparados en la supervisión de 10 inspectores”, añadió.
El representante del gremio sostuvo que la cantidad de inspectores es notoriamente insuficiente, por lo que exigen que el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, incremente el presupuesto para aumentar el personal de la Dirección de Transporte.
Desde su perspectiva, en estos momentos están rebasados por la competencia irregular, por el peritaje, por vehículos sin placas o afiliados a asociaciones, o que prestan servicio de transporte sin una concesión.
“Todos lo sabemos, menos la autoridad competente. Qué más tiene que suceder para entender que ya no vamos a permitir la histórica simulación, porque es aberrante la simulación de procuración de justicia que hacen y han hecho históricamente las autoridades de transporte en nuestro estado”, compartió.
“Hoy más que nunca nuestros agremiados conocen sus elementales derechos y están dispuestos a llegar hasta la última consecuencia en aras de defenderlo”, finalizó.
CONGRESO EXHORTA
Ante los reclamos del sector, las y los diputados de la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador, Víctor Castro Cosío, para que busque de manera urgente una mesa de diálogo con el gobierno federal.
Lo anterior con el objetivo de “atender integralmente la problemática del transporte público de pasajeros que históricamente ha impactado de forma negativa en Los Cabos y en Baja California Sur.
En esta mesa solicitarán el fortalecimiento del marco jurídico regulatorio en materia de transporte público estatal y federal con operación en la Media Península, así como una delimitación clara y concisa entre el servicio que prestan concesiones federales y estatales.
También exhortan para que el Ejecutivo Estatal aumento el número de inspectores para combatir el servicio irregular y fortalecer la verificación, inspección, vigilancia, control operativo, inicio de procedimientos administrativos, e imposición de medidas preventivas y sancionadoras.
LA LEY ES LA LEY: GOBERNADOR
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, señaló que esta controversia constitucional fue promovida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y que realmente se trata de un fallo inapelable.
Por ello declaró que es necesario que el Congreso de la Unión lleve a cabo una reforma profunda, para que los estados no se queden sin facultad para regular el transporte en sus territorios, acusando que la SICT y el gobierno federal aprueban permisos con los mínimos requisitos a empresas grandes.
“Nos deja indefensos otra vez, nos vuelve al origen y por eso me voy a reunir con los transportistas, los fuimos atendiendo. Ustedes saben que el fallo es inapelable, ya lo dictó la SCJN”, manifestó.
“Yo tengo que acatar a la ley, es dura, pero es la ley. Entonces, tenemos que buscar otras medidas para seguirlos protegiendo, buscando conciliar”, expresó.
Castro Cosío reiteró que las reformas locales que implementaron buscaban regular el transporte y evitar abusos de las transportadoras con concesiones federales y negó que estuvieran invadiendo facultades del Gobierno de México, tal y como lo resolvió la SCJN
Por ahora, aseguró que hay buena disposición de la Secretaría de Gobernación para iniciar diálogo, también ha buscado a autoridades de la SICT para buscar otras alternativas y nuevas rutas jurídicas.
“No hemos recibido la notificación, yo le pedí a los taxistas que primero la recibiéramos para estudiarla a fondo y ver de qué manera podemos hacer una defensa jurídica si es que posible y si no, buscar la conciliación con la SICT”, concluyó.
