Desde finales del 2024, fecha en que estalló la guerra en la zona norte tras la muerte de Eleazar Toscano, alias el Profe, de 36 años, que fuera privado de la vida el 11 de octubre de ese año en la colonia Marcelo Rubio en Guerrero Negro, y que fuera identificado como el líder de plaza de esa comunidad, la Mesa Estatal anticipó una ruptura entre Los Chapos, que controlaban la plaza, con Los Mayos, que empujaban desde Baja California.
Y esto meses después de que Ismael “Mayo” Zambada fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, al Gobierno de Estados Unidos, el 25 de julio del 2024.
Publicidad
Tras casi dos años de disputas, enfrentamientos y desapariciones entre Guerrero Negro en la parte de Baja California Sur y el poblado de Jesús María en el sur de Baja California, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y la gobernadora vecina, Marina del Pilar, han sostenido reuniones para mejorar la coordinación y planeación para hacer frente a la disputa del Cártel de Sinaloa (CDS). La última reunión se llevó a cabo el pasado 12 de junio en Tijuana.
“Los acuerdos son privados porque hay de por medio la seguridad de la Zona Norte; particularmente estamos investigando esa zona del municipio de Mulegé, que es la Pacífico-Norte, me reuní y les informé a mis compañeros de lo que pretendemos hacer, que es seguir buscando la manera de blindar con la gobernadora Marina del Pilar, a quien distingo como una extraordinaria amiga”, expresó el gobernador tras la pregunta sobre la reunión con su homóloga.
Explicó Castro que pretenden blindar la parte media de la península, la parte en la que está más descubierta entre los dos gobiernos, y que ha costado trabajo vigilar por la gran extensión de terreno.
Publicidad
En el caso de Baja California Sur, dijo, van por instalaciones en las que oficiales del estado puedan descansar y así poder hacer una rotación constante, como el Ejército Mexicano, que ya cuenta con un cuartel.
Por otro lado, se les ocurrió bloquear las múltiples brechas que existen, puntos también, en los que se han concentrado los enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa en los últimos casi dos años.
Publicidad
“Exactamente donde está el cruce cerrar, y cerrar por el otro lado donde entran en Guerrero Negro, por el lado de la empresa, hay un camino del aeropuerto para allá. Cerrar todas esas brechas para que no entren por ahí, y den la vuelta y entren todos por donde mismo; es difícil, porque el desierto es bastante grande y hay bastantes brechas que va a hacer imposible que las cerremos, pero por lo menos ahí carros y todo lo que podamos revisar de aduanas va a estar más controlado. Es lo que pretendo antes de irme”, finalizó Víctor Castro.
GOBIERNOS RECONOCEN COBRO DE PISO
La zona norte de Baja California Sur ha sido la más conflictiva en materia de inseguridad; en esta, los pescadores han externado que han estado bajo el mando del crimen organizado desde inicios del 2022. Al menos en esas fechas lo confirmó el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz (†):
Que los trabajadores del mar eran extorsionados, obligados a entregar sus productos a un grupo de personas armadas o eran tableados o desaparecidos. Recientemente, el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, dio cuenta de uno de los sucesos que marcaron la presencia del Cártel de Sinaloa en la Península de Baja California y con afectaciones a pescadores sudcalifornianos.
“Hemos ayudado a las cooperativas pesqueras de esa zona, fácilmente con más de 20, 30 millones de pesos puntualmente; hasta la quema del edificio de una cooperativa de Bahía Tortugas en Ensenada que les ayudamos”, sostuvo Castro.
Esta referencia no sólo confirma la quema de una cooperativa en Ensenada, Baja California, sino también de un camión de transporte de pescados y mariscos, hechos registrados a primera hora del 13 de enero del 2025.
Dadas las investigaciones, se confirmó que se trató del incendio a la Cooperativa Pesquera “La Purísima” y un tractocamión de la marca Kenworth con placas de circulación AN5406; ambos siniestros fueron declarados como provocados.
“Se supo que el atentado fue planeado y ejecutado por la gente del Barbas, identificado como Jesús Samahi Valdez, presunto líder de la Pacífico-Norte, con presencia en comunidades como Mulegé Pueblo, Santa Rosalía, Laguna San Ignacio, San Ignacio, Punta Abreojos, Asunción, Bahía Tortugas, Vizcaíno y Guerrero Negro. Este grupo radica en Guerrero Negro; principalmente, pertenece a Los Chapitos”, lo ratificó una fuente federal adjunto a la Mesa Estatal de Seguridad.
Es sabido por grupos de pescadores y sus familias, que este grupo del crimen organizado, visibilizados a través de “Los Burros”, célula que estaba al mando de Francisco Ibarra Romo, alias el Burro, eran los encargados de amenazar y levantar a los pobladores que se negaban a cumplir con cuotas para vender sus productos.
Incluso, l Burro fue capturado a principios del mes de marzo del 2026 en Puerto San Carlos en el municipio de Comondú, comunidad pesquera que ha sido una de las principales azotadas por la presencia del crimen organizado, y que según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es obligada a que les vendan el producto a un único comprador, dejando de lado el cobro de piso como tal.
“Esos que se dedican al narcomenudeo, andan queriendo presionar a los pescadores para que les vendan a ellos el producto nada más; no es como que ‘te cobro porque lo hagas’, sino que ‘me tienes que vender a mí nada más’ y al precio que ellos pongan”, dijo el procurador Antonio López Rodríguez.
El ex presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, lo expresó claramente, y dijo que no sólo Baja California Sur tiene este problema —relacionado a la pesca—, sino que hay otras actividades económicas donde el crimen organizado ha ganado terreno.
Indicó que esto ha afectado gravemente a los productores, empresarios y comerciantes.
“Es el crimen organizado el que regula todas las actividades del país y también de obviamente de Baja California Sur, y si no, que se lo pregunten a los pescadores que no pueden vender su marisco, que se lo pregunten a quienes tienen expendios de cerveza, hasta qué horas y quién les regula sus horarios para los bares; que se pregunten a quienes organizan eventos deportivos, como en Guerrero Negro, que desafortunadamente muchos padres de familia dejaron de ir a vender sus productos para sacar fondos para los equipos porque les estaban cobrando piso”, lamentó De la Rosa.
