El 14 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, afirmaron durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que el audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no revela la entrega de información confidencial ni contiene elementos que justifiquen, por ahora, el inicio de una investigación formal.
García Harfuch sostuvo que en la grabación “no se infiere que se vaya a dar información confidencial” y explicó que en las mesas estatales de seguridad participan autoridades de distintos órdenes de gobierno, donde se revisa principalmente la incidencia delictiva diaria. El funcionario federal señaló que no existe, hasta el momento, información con un grado de sensibilidad que representara una preocupación si llegara a compartirse con alguna autoridad, y aclaró que todavía no se sabe con certeza con qué persona o autoridad conversaba la gobernadora. Agregó que una investigación solo procedería si existieran indicios de un delito, y que en el audio no se infiere ningún tipo de delito.
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Sheinbaum Pardo, por su parte, subrayó que la conversación fue escuchada ampliamente tras su difusión pública y que no hay certeza sobre si el interlocutor pertenece o no a autoridades estadounidenses. La mandataria nacional recordó que Ávila Olmeda ofreció posteriormente una explicación pública en la que aseguró que la comunicación no pone en riesgo la seguridad de Baja California. La presidenta de la República también rechazó que el caso pueda equipararse con la investigación abierta en Chihuahua por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos dentro de ese estado, al señalar que ahí sí quedó demostrada la presencia de personal de una agencia extranjera operando en territorio nacional, lo que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
La controversia se originó el 22 de junio de 2026, cuando se difundió un primer audio en el que la gobernadora negó haber buscado acuerdos “en lo oscurito” con Estados Unidos. El 13 de julio del mismo mes y año, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer una segunda grabación en la que la mandataria estatal habría expresado disposición a colaborar con un intermediario identificado como asesor externo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y en la que mencionó su preocupación por una posible orden de extradición. Ante ello, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió que Ávila Olmeda solicite licencia al cargo mientras se aclara su situación jurídica, al argumentar que el caso trasciende lo político y toca temas de seguridad nacional.
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Según lo expuesto en la conferencia matutina, el tema estaría siendo revisado por la Fiscalía General de la República (FGR) y, del lado estadounidense, por el Departamento de Justicia, aunque hasta el momento ninguna de las dos instancias ha confirmado oficialmente la apertura de una indagatoria formal. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido una postura oficial sobre el contenido del segundo audio. Se espera que en los próximos días se defina si la FGR abre formalmente una carpeta de investigación y qué medidas adicionales tomará el gobierno de Baja California para evitar la filtración de información sensible de seguridad.
