El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos el 22 de julio de 2026, cuando se encontraba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Según los primeros reportes, el comunicador fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en el lugar.
Leyva Aguilar se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y mantenía su ejercicio periodístico a través de la columna política “El Zumbido del Moscardón”, publicada en diversos medios locales e independientes. Su entrega más reciente apareció unas horas antes del ataque.
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En noviembre de 2024, el columnista recibió el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” en la categoría de Columna Digital, otorgado de manera conjunta por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE).
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia del comunicador y con el gremio periodístico mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que reconoció que Leyva Aguilar cuestionaba a su Administración.
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“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, señaló el mandatario estatal.
Jara Cruz informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) establecer coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el propósito de fortalecer la investigación y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el crimen.
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El gobernador precisó que su Administración no adelantará conclusiones respecto al móvil del homicidio. “No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia”, indicó.
En el mismo mensaje, publicado a las 12:00 horas del 22 de julio de 2026, el mandatario estatal sostuvo que la postura de su Gobierno es que el caso quede plenamente esclarecido: “Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”.
El asesinato de Leyva Aguilar constituye el cuarto homicidio de un comunicador registrado en México en el lapso de un mes. El 3 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó, mediante pruebas periciales aplicadas a restos óseos localizados en un predio del municipio de Moloacán, el asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien había sido privada de la libertad por hombres armados en su domicilio de Nanchital el 2 de junio de 2026. Según las indagatorias, la periodista fue asesinada en ese sitio y sus restos posteriormente calcinados en un tambo metálico. Ocho personas fueron vinculadas a proceso por el crimen, entre ellas presuntos integrantes del grupo delictivo Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
El 5 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó que un cuerpo con huellas de tortura correspondía al comunicador y ambientalista Alex Serna, originario de Zihuatanejo, quien permaneció desaparecido durante 12 días. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Serna realizaba investigación periodística respecto a temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero y denunciaba públicamente posibles actos de corrupción.
El 16 de julio de 2026, Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan y docente de 39 años de edad, fue asesinado a tiros por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y le dispararon en al menos seis ocasiones sobre la calle Leona Vicario, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Su hijo, de 13 años de edad, presenció el ataque y llamó al número de emergencias 911. Días antes del crimen, el comunicador denunció en un video difundido en redes sociales haber recibido amenazas del presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, quien negó el señalamiento. El 18 del mismo mes y año, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier “N” por el delito de cohecho, tras ofrecer dinero y un vehículo a los agentes que investigaban el homicidio.
Según el registro de la organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, hasta el 11 de junio de 2026 se habían documentado 10 asesinatos de periodistas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a los 47 casos contabilizados en cada uno de los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, y los 48 del gobierno de Felipe Calderón. Otras organizaciones, como el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, han reportado cifras distintas al aplicar criterios de conteo más amplios.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y difundida el 30 de abril de 2026, ubicó a México en el lugar 160 de 180 naciones en el indicador de seguridad para la prensa, por encima de zonas de conflicto como Ucrania y Siria. La organización documentó que la mayoría de los asesinatos registrados desde el año 2000 se concentraron en los estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.
