El presidente Daniel Ortega anunció la suspensión indefinida de comicios en Nicaragua, en un discurso pronunciado durante la celebración del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua. El mandatario argumentó que la medida busca impedir el regreso de la oposición política al Gobierno y consolidar el esquema de poder que comparte con su esposa, Rosario Murillo.
“Aquí no volverá a haber elecciones (…) para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, puestos por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás”, declaró Ortega ante los asistentes al acto conmemorativo.
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El exguerrillero marxista, quien ha encabezado el poder de forma consecutiva desde 2007 tras un primer mandato durante la década de 1980, descartó cualquier posibilidad de alternancia política en el país centroamericano. Con este anuncio, el Gobierno nicaragüense eliminó formalmente el mecanismo electoral como vía de acceso al poder.
Para Tiziano Breda, analista de la organización especializada en conflictos ACLED, la decisión constituye un repliegue defensivo derivado de la pérdida de respaldo popular del régimen. Según el especialista, Ortega y Murillo temen que cualquier apertura política permita el resurgimiento de la disidencia interna, razón por la cual optaron por suprimir por completo la competencia electoral en vez de organizar procesos considerados fraudulentos por la comunidad internacional.
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Por su parte, el dirigente opositor Félix Maradiaga, excarcelado y deportado a Estados Unidos en 2023, calificó la postura del mandatario nicaragüense como una muestra de debilidad institucional más que de fortaleza política. Maradiaga, quien preside el movimiento en el exilio Ruta del Cambio, sostuvo que Ortega reconoció públicamente su intención de blindar el proyecto que encabeza frente a cualquier forma de competencia democrática.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que se remonta a abril de 2018, cuando protestas antigubernamentales fueron reprimidas en operativos que, según organismos defensores de derechos humanos, dejaron más de 300 personas fallecidas. Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo en enero de 2022, luego de unos comicios celebrados en noviembre de 2021 que fueron cuestionados por gobiernos y organismos internacionales, luego de que los principales precandidatos presidenciales de oposición —entre ellos Maradiaga— fueran detenidos previamente al proceso.
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Aquel episodio electoral derivó en un aislamiento diplomático creciente para el régimen nicaragüense, agravado por sanciones financieras impuestas tanto por la Unión Europea como por EE.UU. En meses posteriores, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó al Gobierno de Ortega y advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, mientras que EE.UU. restringió visas a más de un centenar de funcionarios nicaragüenses tras la muerte de un líder indígena en el país.
El anuncio de la suspensión indefinida de elecciones representa, según analistas y opositores, el paso más reciente en la consolidación de un modelo de gobierno familiar sin contrapesos democráticos en Nicaragua, país que permanece bajo estrecha vigilancia de organismos multilaterales y gobiernos occidentales.
