Narcocracia en BC permite que cárteles reemplacen acciones de gobierno, como administrar justicia, “corrigiendo conductas” con asesinatos y cobrando impuestos a través de la extorsión
Gobernanza criminal es el concepto que se usa para definir el aterrador fenómeno social en el que los cárteles o cualquier otro tipo de organización criminal deciden, en el disfrute de una soberbia impunidad, desplazar o reemplazar al Estado en alguna de sus funciones, tales como cobrar impuestos a través de la extorsión y el cobro de piso, esa que se padece en Baja California de manera sistemática, o administrar justicia, “corrigiendo conductas”, a través de lo que en el mundo delictivo llaman ajuste de cuenta o limpieza.
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En esas condiciones, las personas honestas, trabajadoras y pacíficas quedan sometidas a la voluntad, las adicciones y el estado de ánimos de asesinos, envenenadores, traficantes con valores torcidos y la realidad alterada. Empoderados por el apoyo de funcionarios corruptos con ansia de riqueza, tan criminales unos como otros.
Ha sido así, como los cárteles en una Baja California han decidido que tiene la potestad para asesinar en un país donde la pena de muerte está prohibida, y acumular 752 muertes violentas entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente 2026, sea porque les quedaron a deber droga, porque “invadieron” el territorio, porque se cambiaron de mafia, o porque no les gustó cómo miraron a una de sus mujeres.
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Con la moral invertida, justifican sus acciones destructivas y van más lejos, al considerar que tiene la autoridad para quitarle a la vida a quien se niega a pagar una extorsión o un secuestro, a quien se resiste a un robo, o a quienes hacen su trabajo; como el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada por un comando criminal de su casa en Veracruz el 2 de junio de 2026, cuyos restos fueron hallados el 27 de junio en los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, en el sur del mencionado estado, caso en el cual la fiscalía presume la participación de sicarios y policías, la conocida fórmula del narcoestado.
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Esta semana en Baja California las lecciones de narcocracia que evidencia un sistema de gobierno dominado por las mafias de la droga, se dieron durante las noches del viernes 26, con el asesinato de Rubén López Orduño (27 años), agente de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y su esposa Anallely (26 años) cuando llegaban a su casa en la colonia Zaragoza, una zona de escaso poder adquisitivo en Mexicali; y del sábado 27 de junio, tras el homicidio de también agente Manuel Enrique Guerrero Sánchez y Martha Icela, en la taquería Los Poblanos de la comunidad de Tecolotes.
Durante años, las diferentes corporaciones y todas las autoridades integradas en las mesas de seguridad han conocido de las actividades criminales de la célula del Cártel de Sinaloa, de Los Mayos, encabezada Jesús Alexander Sánchez Félix, alias el Ruso, así como del empoderamiento de sus socios Cipriano Alfonso Peralta Cázares, alias el P1, e Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias el Isra o el Moreno, quien controla el valle mexicalense (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
“Por eso nadie le había querido entrar; desde que iniciaron los operativos en al valle, empezaron las amenazas, y fue peor tras la persecución y abatimiento el 24 de junio de Mauricio Alarcón Fiscal, alias el Compadre o el Compa Wicho, cuñado del Isra” comentó un jefe policiaco en la FESC. “Por trabajo de investigación en ambos lados de la frontera fueron enterados que el Ruso, el P1 y el Isra dieron luz verde en contra de todo el personal de civil de la FESC, inteligencia, investigación y enlace”. Las autoridades ya identificaron presuntos responsables y no es sorpresa que entre los sospechosos haya policías.
En este mundo al revés de la corrupción, tres homicidas narcotraficantes, identificados por los gobiernos locales (Félix y Peralta con orden de carpetas de investigación en Estados Unidos), los tres sin cargos en su contra en México, decidieron primero amenazar y luego matar a elementos de la FESC por hacer su trabajo, lo que sucede mientras decenas de agentes de diversas corporaciones que integran comandos negros para robar, extorsionar, secuestrar y asesinar, gozan de cabal libertad y continúan delinquiendo uniformados.
Ahora es cuestión de tiempo para saber si esos mismos gobiernos criminales y autoridades cooptadas que actualmente permiten a los traficantes “administrar la justicia, y corregir las conductas” de policías que hacen su trabajo, deciden seguir el ejemplo de los agentes caídos, superar la parálisis institucional y cumplir con su obligación de detener, procesar y sentenciar a los responsables; pero no sólo a los autores materiales, están obligados a ir a fondo por los intelectuales.
Más allá de que ninguna vida vale más que otra, cuando policías capacitados y armados para enfrentar criminales son asesinados y el estado, su patrón, es incapaz de darles justicia, es innegable que la población enfrenta un escenario de inseguridad e indefensión extrema.
En lo que va del 2026, en Baja California, cuatro agentes de las fuerzas de seguridad han sido asesinado en la entidad. Y de acuerdo a los registros de la organización Causa Común, en el presente año “han sido asesinados al menos 165 agentes de seguridad pública; incluyendo: 71 policías municipales, 47 policías estatales, 36 agentes de la Guardia Nacional, nueve elementos del Ejército y dos agentes federales”. Un total de 607 elementos abatidos entre el 1 de octubre del 2024 y el 25 de junio del 2026, durante la presidencia de Claudia Sheinbaum.
