La audiencia de vinculación se prolongó por 36 horas; seis de los imputados deberán permanecer encarcelados y dos en sus domicilios
Después de 36 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y siete de sus coimputados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
En la misma resolución, la juzgadora confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Ruffo y cinco de sus coacusados, pues otros dos deberán permanecer bajo resguardo domiciliario debido a sus malas condiciones de salud.
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La audiencia de vinculación que inició a las seis de la tarde del martes 21 de julió en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), aledañas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, concluyó poco después de las seis de la mañana del jueves 23.
Además de Ruffo Appel quedan vinculados a proceso sus socios empresarios José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Rosales, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, así como los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez.
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Son los hermanos de la Peña Rosales de quienes se deterinó que permanezcan en sus domicilios debido a la precariedad de su salud, mientras que la mujer deberá permanecer encarcelada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur, en el mismo Estado de México.
El exgobernador panista de Baja California durante el periodo 1989-1995 es imputado por su probable liderazgo en una red de huachicol fiscal como socio de la empresa Ingemar S.A. de C.V. que presuntamente se dedicaba a la importación de grandes cantidades combustible del extranjero declarando cantidades menores sobre las cuales se declaraba el impuesto correspondiente.
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La Fiscalía General de la República sostiene que la organización utilizó al menos 163 ferrotanques para movilizar gasolina y diésel hacia México, modificando la información contenida en pedimentos de importación para reducir el pago de contribuciones federales.
El presunto quebranto económico ocasionado al erario supera los 4 mil millones de pesos, cifra que convierte el caso en una de las investigaciones de mayor impacto relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
