Desde que se descubrió que 40% de policías de Tecate estaban incapacitados, el gobierno estatal percibió que médicos de ISSSTECALI usan mecanismo mutualista para permitir corrupción, desde laboral hasta criminal
La fiscal Ma. Elena Andrade y el secretario Laureano Carrillo han descubierto el hilo negro. En conferencia de prensa, notoriamente molestos, dieron a conocer que un gran número de policías utilizan las incapacidades “ofertadas” por el Issstecali para abandonar sus labores. En el mejor de los casos, para asegurar su empleo en tanto ejercen otra actividad profesional en Estados Unidos u otro municipio; mientras que, en el peor escenario, para garantizar su permanencia en su trabajo mientras realizan actividades vinculadas a la delincuencia organizada.
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El reclamo férreo de ambos funcionarios se generó a raíz de que el 40 por ciento de los policías del municipio de Tecate, una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia, se encuentran fuera de servicio debido a que cuentan con justificantes médicos, los cuales fueron entregadas por médicos de Issstecali.
Policías que huyen a partir de alguna complicación derivada de su actividad vinculada al narco, o bien, porque participan en actividades directamente ligadas a la delincuencia organizada durante esos periodos, son algo común y un problema histórico que fue señalado en algún momento de las administraciones pasadas, desde la de Marina del Pilar Ávila y la de Jaime Bonilla Valdez, hasta la de Francisco Vega de Lamadrid; y en todas se aseguró que habría consecuencias.
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Está de más decir que las consecuencias fueron promesas incumplidas pues, a pesar de contar con datos como nombres de los médicos y enfermedades frecuentemente utilizadas para “regalar” o “vender” incapacidades, nada se ha hecho contra los médicos condescendientes.
En la pasada conferencia de prensa mañanera encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que desde que arrancó la administración estatal descubrieron estas conductas por parte de los galenos de la paraestatal. En 2023, autoridades municipales de Tijuana solicitaron a la gobernadora que actuara ante las 200 incapacidades otorgadas por médicos a policías de Tijuana; mientras que, en 2021, cuando la FGE era dirigida por Guillermo Ruiz Hernández, señaló a un total de 53 médicos identificados en Baja California y otros cinco más del IMSS, que otorgaban incapacidades como se fueran dulces en fiesta infantil.
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La propia Andrade Ramírez comentó que descubrieron que había incapacidades otorgadas por Issstecali hasta por torcedura de dedos o de tobillos, que evidentemente no impedían la labor policial, pero aun así eran otorgadas.
Al inicio de esta semana se dio a conocer que la situación llegó a tal polémica que el director de Issstecali, Luis Gallego, fue convocado a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, con el fin de plantear esta problemática, pero -hasta el momento- no se ha creado un nuevo mecanismo administrativo que reduzca el riesgo de uso de incapacidades con fines criminales.
Y es que, aunque no se quiera aceptar por parte de los funcionarios de seguridad, la problemática no debería tener una respuesta exclusivamente penal, mediante elaborados planes para sancionar médicos por encubrimiento, una sugerencia expresada por la fiscal, sino mediante un mecanismo administrativo.
Que los médicos otorguen irregularmente incapacidades a policías no debería ser -salvo en excepciones donde se descubra abierta corrupción o vínculos con la delincuencia- un motivo de apresarlos. Por el contrario, el propio Issstecali debería tomar nuevos mecanismos para sancionar administrativamente o regular el otorgamiento de incapacidades, lo cual impactaría también en la burocracia y la docencia, donde también ocurren estas malas prácticas.
Ahora, autoridades investigadoras y de seguridad buscan transferir la responsabilidad de la corrupción que prevalece en las corporaciones a los médicos de una institución pública, cuando deberían ser los mecanismos de depuración policial, y las mismas investigaciones penales, las encargadas de detener a elementos involucrados con la delincuencia organizada.
Después de casi cinco años y varias advertencias, resulta que los mandos policiacos quieren dirigir la responsabilidad de la seguridad a un ente encargado de la atención de salud y así desviar sus propias omisiones. Esto no quiere decir que no exista responsabilidad individual, sino que hacen acusaciones a partir de que el problema de seguridad se les salió de las manos.
