El aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila marcó el punto de partida de una de las investigaciones más relevantes emprendidas por la Fiscalía General de la República contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos y que, un año después, derivó en la detención y vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
El operativo federal permitió asegurar 129 carrotanques cargados con gasolina, diésel y otros destilados del petróleo que eran transportados sin la documentación necesaria para acreditar su legal procedencia. La magnitud del decomiso llevó a las autoridades a profundizar en la ruta del combustible, identificar a las empresas involucradas y reconstruir la estructura financiera y logística detrás de la operación.
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Las investigaciones apuntaron a un esquema que presuntamente consistía en importar combustibles desde refinerías de Texas utilizando declaraciones aduaneras con información falsa o incompleta, reportando únicamente una fracción del volumen realmente transportado. Con ello, la organización habría evadido el pago de impuestos y logrado introducir millones de litros de hidrocarburos al país de manera irregular.
Durante meses, la FGR integró datos de prueba relacionados con operaciones comerciales, movimientos financieros, documentación aduanera y la participación de diversas personas físicas y morales. Conforme avanzaron las indagatorias, los investigadores identificaron la presunta intervención de empresarios, agentes aduanales y representantes de compañías dedicadas al manejo e importación de combustibles.
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Entre las líneas de investigación apareció la empresa Ingemar S.A. de C. V., de la cual Ernesto Ruffo Appel figura como socio. La Fiscalía sostiene que la compañía formaba parte de la estructura utilizada para la operación del esquema de importación irregular de hidrocarburos, señalamiento que la defensa del exmandatario ha rechazado.
El abogado del exmandatario, Fernando Gómez Mont, asegura que su cliente solo es socio aproximadamente el 30 por ciento de las acciones; sin embargo, con la evidencia reunida durante más de un año de investigación, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra varios de los presuntos integrantes de la organización.
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Ernesto Ruffo fue detenido en Baja California y, tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas, un juez federal determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.
Las autoridades federales consideran que el aseguramiento realizado en Coahuila no sólo representó el mayor decomiso de combustible de la actual administración, sino también la pieza clave que permitió desarticular una presunta red de huachicol fiscal con operaciones en distintos estados del país y vínculos con empresas dedicadas al comercio de combustibles.
La investigación permanece abierta y la Fiscalía no descarta nuevas órdenes de aprehensión conforme continúe el análisis de la información financiera, fiscal y aduanera obtenida durante las indagatorias.
Por J Eduardo Martínez
