José Merino Valdés, socio de Ernesto Ruffo y Adriana Magali Bárcenas piden se les modifique la medida cautelar. Para su mala suerte, el personal del juzgado saldrá de vacaciones
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Dos de los coimputados del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, presentaron demandas de amparo a través de sus abogados en la oficialía de partes de los tribunales federales en El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en contra de la prisión preventiva oficiosa que les fue decretada el domingo 19 de julio.
Los quejosos son José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén cuyos reclamos fueron turnado aleatoriamente por el sistema judicial al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
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En ambos escritos el acto reclamado es “la resolución de 19 de julio de 2026 mediante la cual se impuso la prisión preventiva oficiosa”.
La autoridad responsable de emitir tal medida es la titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y la responsable de su ejecución es el titular del Centro Federal de readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.
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El juez de amparo ya solicitó informes a la juez penal para saber si se encuentra legalmente reconocida la personalidad del abogado que se ostenta como defensor particular de los quejosos.
También se solicitaron los informes sobre la existencia de los actos reclamados y se dio la intervención que en el caso le corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado del sistema penal acusatorio.
En ambos juicios de amparo no se solicitó la suspensión provisional del acto y se estableció como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional el próximo 31 de agosto, pues el juzgado segundo gozará de su primer periodo vacacional del 1 al 15 de agosto.
José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén son empresarios mexicanos detenidos la semana anterior en Nuevo León y San Luis Potosí por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), señalados de formar parte de una de las mayores redes de huachicol fiscal y delincuencia organizada en el país, vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Ambos imputados se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas en su favor en el término constitucional ampliado dentro de la audiencia de vinculación que resolverá su situación legal en las próximas horas en el Juzgado de Control que les dictó la prisión preventiva oficiosa.
