La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exoneró al Ejército mexicano de responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) construyó una versión “sensacionalista” para atribuir el caso a los militares.
La Recomendación 208VG/2026, emitida el 2 de julio de 2026 y publicada el jueves 9 de julio de 2026, documentó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la normal rural. El texto, de 800 páginas, fue dirigido a siete dependencias y organismos del Gobierno Federal, entre ellos la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a cuatro instancias del Gobierno de Guerrero: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia administración estatal. También alcanzó a los ayuntamientos de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no fue incluida entre las autoridades destinatarias.
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La CNDH reconoció presencia de elementos del Ejército en distintos puntos de Iguala y en un hospital privado la noche de los hechos, pero sostuvo que no participaron en las agresiones contra los normalistas. “No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia”, señaló el organismo. Admitió, sin embargo, la posibilidad de omisiones o conductas individuales de militares, y recordó que 20 soldados enfrentan actualmente procesos penales por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Respecto a los 800 folios que los padres de los normalistas han exigido a la Sedena, la CNDH explicó que sólo existen 10 archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala con información relacionada al caso. El resto de los folios, indicó, corresponden a una numeración consecutiva de registros de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería, sin relación directa con Ayotzinapa.
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La recomendación cuestionó de forma extensa el trabajo del GIEI, al que acusó de haber promovido una “antiverdad” y de sostener la existencia de una “conspiración militar” que, según la CNDH, no logró demostrarse. El organismo también revisó la primera Recomendación 15VG/2018, emitida en la administración anterior, que calificó de contradictoria y revictimizante, y que confirmaba la cuestionada “verdad histórica” fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Entre sus diez puntos, la CNDH pidió a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) verificar la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), garantizar atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, y dar continuidad al plan de búsqueda de los normalistas. Solicitó además reactivar el trámite de extradición de dos imputados identificados como AR-1 y AR-7, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR, y pidió retirar de redes sociales e imágenes explícitas post mortem del estudiante identificado como V44.
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El abogado de los padres de los 43, Isidoro Vicario Aguilar, declaró que la CNDH no había notificado formalmente a las familias sobre la nueva recomendación al momento de conocerse el documento. Adelantó que en los próximos días sostendría una reunión con los padres para analizar el texto, que calificó como lamentable por considerar que exculpa al Ejército y desacredita el trabajo del GIEI. Añadió que, una vez revisado el documento, las familias y su representación legal fijarían una postura pública.
La nueva recomendación se conoció días después de que organizaciones civiles —los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y De la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación— criticaran, el 7 de julio de 2026, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer para revisión la legalidad de la Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala. Las organizaciones advirtieron que la atracción retrasaría aún más el cumplimiento de una sentencia con casi doce años sin resolverse y contravendría el principio de seguridad jurídica. “La decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso”, indicaron en un comunicado conjunto.
La Corte avaló por unanimidad de ocho ministros —con excepción de la ministra Sara Irene Herrerías, que se declaró impedida para votar— atraer el análisis sobre si debe instalarse la referida Comisión para la Verdad, cuya creación la FGR considera un “atentado al debido proceso”. La comisión había sido ordenada el 4 de junio de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, luego de que ese tribunal determinara que la investigación de la entonces PGR no había sido pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
