El Ministerio Público Federal (MPF) negó a los integrantes del Ejido 16 de Septiembre, en la delegación del Valle de la Trinidad, en Ensenada, ser parte del proceso penal en contra de siete cazadores furtivos detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dentro sus terrenos.
Los imputados fueron detenidos dentro del Ejido 16 de Septiembre cuando transportaban la cabeza y restos de un borrego cimarrón, por una conducta que está tipificada en el Código Penal Federal como un delito contra la biodiversidad, con penas que van de uno a nueve años de prisión, además de la reparación del daño.
Publicidad
Los denunciados por delitos contra la biodiversidad son Carlos Andrés Álvarez Guerrero, hijo de una familia de empresarios en Aguascalientes. También Antonio González Escorich, Ángel Antonio Bonilla Márquez, Carlos Salo Guerrero y Juan Bonilla. A pesar de lo que establece la legislación, seis de ellos obtuvieron su libertad inmediata.
La situación legal de cada uno de ellos quedó determinada en la primera audiencia celebrada el 22 de mayo, ante el juez de control federal Sergio Adolfo Peniche Quintal quien resolvió dar prisión preventiva sólo a Antonio González por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.
Publicidad
El resto fue vinculado a proceso con la medida cautelar de presentarse periódicamente a firmar mientras se desarrolla el procedimiento.
Los organismos públicos y autónomos que interpusieron denuncias penales fueron, el Ejido 16 de Septiembre, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Publicidad
Los oficios de impugnación, están dirigidos a Teófila González Lozada, delegada de la Fiscalía General de la República (FGR) y a Sergio Castañeda Sanchotena, subdelegado de la institución, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0001323/2026.
El abogado y representante legal del Ejido, Homero Cervantes, explicó después de presentar la denuncia, esperaban a ser convocados para ofrecer pruebas, pero al no tener respuesta fue como se acercaron a las instalaciones para hablar con el agente del Ministerio Público Federal, Jonathan Manjarrez Cosío, quien le respondió que no existían elementos para reconocer al núcleo agrario como víctima indirecta.
El representante legal argumentó que el Ejido sufre una afectación directa debido a que cuenta con un Registro de Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), mediante el cual desarrolla acciones de conservación y preservación del borrego cimarrón.
Explicó que la UMA contempla especies sujetas a aprovechamiento y otras destinadas exclusivamente a la conservación, entre ellas el borrego cimarrón, lo que implica inversiones permanentes en infraestructura y manejo del hábitat.
Añadió cómo los agentes de investigación se acercaron con los ejidatarios para solicitar autorización de ingresos a sus tierras para realizar una inspección relacionadas con los hechos.
Según relató el abogado, el agente del Ministerio Público consideró insuficientes esos argumentos y le adelantó que negaría al Ejido la calidad de víctima para impedir su intervención dentro del proceso.
Aseguró que el servidor público le mencionó además un supuesto acuerdo que se negociaba con la defensa de los imputados, mediante el cual buscaban una suspensión definitiva del procedimiento a cambio de una reparación económica.
De acuerdo con esa versión, únicamente estaban a la espera de que la PROFEPA aceptara el monto propuesto para concretar la suspensión definitiva del proceso penal.
Días después, fue confirmado y el Ejido recibió un acuerdo mediante el cual el propio Ministerio Público Federal le negó formalmente la calidad de víctima, dejándolo fuera de la carpeta de investigación.
Conforme a la ley, el Ejido dispuso de diez días a partir de la notificación para presentar una impugnación y acreditar que tiene la calidad de víctima indirecta, con el propósito de participar en las audiencias.
Los argumentos jurídicos fueron sustentados en los artículos 8, 20 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La solicitud ya fue presentada ante el juez federal y actualmente esperan que se fije una audiencia en la que comparezcan el Ministerio Público Federal, la defensa de los imputados y la representación legal del Ejido.
“SE APLICÓ TODO EL PESO DE LA LEY”
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue cuestionada sobre el caso, que, aunque corresponde al ámbito federal tiene implicaciones ambientales para Baja California. La mandataria respondió que “se ha aplicado todo el peso de la ley”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que en los operativos se supervisa el despliegue del personal y la portación de armas.
Agregó que los elementos conocen la obligación de verificar que los cazadores cuenten con los permisos expedidos por la autoridad competente, así como la documentación correspondiente para la portación de armas y el aprovechamiento o traslado de especies silvestres.
