Los cazadores furtivos detenidos en flagrancia el martes 19 de mayo por elementos del Ejército Mexicano, cuando trasladaban los restos de un borrego cimarrón en el ejido 16 de Septiembre en el Valle de la Trinidad, en Ensenada, fueron vinculados a proceso por el delito de caza, pesca o captura ilegal de fauna silvestre mediante medios prohibidos. El grupo de imputados, entre ellos Carlos Andrés Álvarez Guerrero, un reconocido empresario de Aguascalientes, llevará el proceso en libertad, según lo determinó el juez. La Profepa en Baja California fue la entidad responsable de presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acompañada de pruebas periciales que permitieron iniciar el procedimiento penal. Tras analizar los elementos expuestos, el juez determinó la vinculación a proceso de los imputados, pero sólo uno de ellos recibió la medida cautelar de prisión preventiva por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. También impulsaron las denuncias los ejidatarios de la zona, quienes desde hace tiempo han manifestado su inconformidad por la falta de vigilancia y supervisión de las autoridades; sostienen que el hallazgo del ejemplar cazado representa apenas la punta del iceberg de una práctica ilegal recurrente en la región. Asimismo, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) presentó una querella relacionada con el caso. La Profepa mantiene bajo resguardo la cabeza y la carne del borrego cimarrón como parte de la investigación, y será esta dependencia federal la responsable de presentar argumentos sólidos para que las medidas correctivas que se impongan beneficien directamente a las poblaciones de borrego cimarrón en Baja California, especie, que según han señalado, ha permanecido históricamente en condiciones de abandono y vulnerabilidad.
Cazadores en libertad
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