El Tribunal Disciplinario ya investiga a cuatro jueces de Baja California señalados de beneficiar a grupos relacionados con el despojo de viviendas en la ciudad de Tijuana. Aunque el presidente Alejandro Isaac Fragozo reprochó que hay “abogados que litigan en medios”, paradójicamente la investigación contra los jueces se inició a consecuencia de la presión mediática tras la exposición del caso de la suspensión definitiva en el caso del despojo en Campestre Murúa.
Los jueces investigados que fueron denunciados en Tijuana son Pedro Galaf Hernández García, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga y Juan Hurtado Díaz “(se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Artículo 13, CNPP).
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“Me parece importante que ya el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, haya puesto los ojos en esta situación que no únicamente es el asunto de mi representado, sino que es de mucha gente que tiene este tipo de problemas, no es un asunto aislado. Entonces, el hecho de que él ya ha hecho ese tipo de manifestaciones donde inclusive lo manifiesta, que pidió copia de los expedientes a cuatro jueces señalados de nuestra parte tres de ellos”, dijo el abogado Jorge Fuentes.
Entre los tres juzgadores hubo coincidencias que despertó sospechas entre los abogados. “Prácticamente le ordena al actuario que vaya y desocupe y desaloje 22 departamentos que no formaron parte del contrato de arrendamiento. Entonces, por eso esa participación son las mismas personas que actúan con tres jueces diferentes buscando el mismo objetivo. Y por eso nosotros, obviamente, pues decimos: ‘oye, aquí hay un tema de una estructura, una organización’, son los mismos abogados los que presentan este tipo de solicitudes y tres jueces diferentes se lo conceden de la misma manera”, explicó.
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Entre los meses de febrero y marzo de 2026, Fuentes enfrentó el litigio para defender a los propietarios y arrendatarios de 192 condominios San Luis de las 12 torres del complejo departamental Campestre Murua, en Tijuana. Tuvieron que estar al pendiente tanto de las suspensiones parciales como de las definitivas en el Poder Judicial, ante los intentos de despojo que ejecutaron dos abogadas en complicidad con la Policía Municipal.
“Estos tres jueces que nosotros señalamos participaron en un asunto relevante del despojo de 192 departamentos. El juzgado quinto acepta una jurisdicción voluntaria donde le revoca los poderes a mis clientes, en este caso los socios legítimos de la empresa. Ese juzgado quinto omite revisar de manera acuciosa que la escritura pública con la que se estaban ostentando estas personas, fuera una escritura pública completa y legítima. Nosotros detectamos que es falsa esa acta asamblea. Porque detectamos que es falsa porque la compulsamos con una que ya estaba inscrita en registro público y es totalmente diferente. Entonces es la primera situación que nosotros detectamos. La omisión por parte del juez quinto de lo civil, de revisar de manera diligente y acuciosa esa jurisdicción voluntaria”, explicó Fuentes sobre el actuar del juez Juan Hurtado Díaz del juzgado quinto.
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Sobre el actuar del Juez Juan Carlos Constantino Ortega Veiga del juzgado décimo, “después, con esa revocación de poderes y con esa misma acta van al juzgado décimo, las mismas personas para cometer el mismo ilícito de un despojo inmobiliario. Y el juez décimo comete los mismos errores. No revisa las constancias, no revisa fe de comisos, hay documentación falsa, hay documentación simulada y de una manera muy irresponsable le concede ciertas situaciones, ciertos beneficios a la parte contraria, omitiendo también esa parte que nosotros detectamos del juez quinto, que es revisar correctamente lo que es el planteamiento que hacen para esta situación. Y no solamente una vez, sino que se equivoca, por así decirlo, en repetidas ocasiones”, señaló el abogado.
“Y el último juez que interviene este asunto es el juez tercero de lo civil. El juez tercero de lo civil, él inicia un juicio de sumario de arrendamiento en una velocidad totalmente atípica, inusual. De hecho, el mismo magistrado presidente lo dice, pues que es raro cuando un juzgador resuelve un asunto en días, pues en este caso no fue la excepción”, refirió sobre el juez tercero, Pedro Galaf Hernández García que resolvió el caso en un mes cuando usualmente se demoran hasta ocho meses.
Además del problema de intento de despojo, Fuentes defendió a 20 propietarios de los departamentos que no estaban en el contrato; pues una empresa que renta los departamentos, solo es propietaria y administra 172 de los 190 inmuebles del complejo habitacional en litigio y que podría obtener fallo en el mes de septiembre de 2026.
