El diputado de Morena, Venustiano Pérez Sánchez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California Sur, con el objetivo de tipificar el delito de “corrupción inmobiliaria”, con el que se podría sentenciar hasta en 20 años de prisión a quien incurra en esta conducta.
El legislador propone agregar el artículo 291 Bis al Código Penal y el artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
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“Corrupción Inmobiliaria: se aplicarán de 10 a 20 años de prisión y 400 a 900 días de multa, al servidor público o particular que cometa el delito de corrupción inmobiliaria que, por acción u omisión, induzca, facilite o gestione la alteración documental de observancia general y de orden público en la construcción, explotación, compraventa, comercialización, cambio de uso de tierras o inmuebles, la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”, dice el artículo 291 Bis.
En el caso del artículo 64 Ter, se establece como falta administrativa grave el que un servidor público, “por acción u omisión, induzca, facilite o gestione la alteración documental de observancia general y de orden público en la construcción, explotación, compraventa, comercialización, cambio de uso de tierras o inmuebles, la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”.
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Asimismo, la reforma contempla un agravante en el que la pena de prisión podría incrementarse en una mitad cuando las conductas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, ya sea al servidor público involucrado o a familiares.
En su exposición de motivos, Venustiano Pérez, recalcó que la necesidad de vivienda lleva a que la ciudadanía sean víctimas de estafas inmobiliarias, que incluyen ventas de inmuebles ajenos, preventas falsas o cobro de anticipos sin entregar la propiedad.
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Estos casos pueden presentarse por operaciones de falsas inmobiliarias venta de predios o unidades habitacionales sin contar con las autorizaciones o permisos correspondientes.
“Es importante que la población esté atenta a las señales de alerta para no ser víctima de un delito inmobiliario, pero lo más importante, es que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno no sean los que cometan o faciliten los delitos en materia inmobiliaria en colusión con operadores inmobiliarios, para lucrar con la necesidad de vivienda y de tierra de las personas”, expresó ante Tribuna.
Por último, argumentó que hay antecedentes como el de Ciudad de México, cuyo Congreso tipificó la corrupción inmobiliaria con penas de hasta 20 años de prisión.
