A 22 años del homicidio del periodista y editor de Semanario ZETA, Francisco Ortiz Franco, el gremio periodístico de Tijuana colocó un espectacular que se reproduce en diversas carteleras digitales, que busca ser un recordatorio de la impunidad y un reclamo frente a la desidia gubernamental que no ha dado justicia.
El cartel, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte, en la colonia Libertad, fue financiado con aportaciones del gremio y montado en el espacio cedido por un empresario, estampa sentencias definitivas: “FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO. PERIODISTA ASESINADO. 22 AÑOS DE IMPUNIDAD”; y al costado, el sello: “FGR/FGE INCOMPETENTES”.
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Frente a la estructura, el pasado lunes 22 de junio familiares, amigos y colegas dieron lectura a un enérgico posicionamiento dirigido a Ernestina Godoy Ramos (titular de la FGR), María Elena Andrade Ramírez (titular de la FGE), así como a los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga estatal (CEDHBC), en el que denunciaron que el expediente penal está en total abandono.
“La dilación de la justicia también es una forma de complicidad”, sentenciaron los comunicadores. Desde el Colectivo Yo Sí Soy Periodista, Sonia de Anda detalló la opacidad que rodea la investigación: “Ya no sabemos dónde está el expediente. Unos dicen que todavía lo tiene la Fiscalía, otros dicen que lo remitieron a la Fiscalía General del Estado. La fiscal, cada que se le pregunta dice que va a informar, nunca informa. Parece verdaderamente increíble que un crimen que fue tan visible ni siquiera el expediente, que ya pidió la familia, se mantenga solamente con el levantamiento del cuerpo”.
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Ante el mutismo de las autoridades, Héctor Ortiz, hijo del editor, comentó que el caso avanza por vía externa. Con el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios de México, el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que las autoridades involucradas reconozcan sus deficiencias y reparen el daño, se encuentra en fase resolutiva, esperando obtener respuesta este año y que, posiblemente después, el caso llegue ante la Corte Interamericana para que el estado vaya a juicio.
Ortiz Franco fue un abogado y periodista que utilizó su formación jurídica para investigar el crimen organizado y el sistema de justicia desde el Semanario ZETA. El 22 de junio de 2004 fue ejecutado a balazos por un sicario encapuchado frente a sus hijos de 10 y 8 años, a dos cuadras de la entonces Procuraduría General del Estado en la Zona Río.
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Tras el asesinato de Ortiz Franco, se generaron tres hipótesis sobre el móvil:
*La publicación de fotografías de 71 sicarios del Cártel Arellano Félix que pagaron más de 70 mil dólares por credenciales falsas de la hoy Fiscalía del Estado.
*La revelación de la alianza entre Osiel Cárdenas, Los Zetas y el CAF.
*La revisión jurídica que Ortiz realizaba para reabrir el expediente del homicidio de Héctor Félix (1988), lo cual afectaba al político Jorge Hank Rhon, quien no fue investigado.
Aunque en las indagatorias surgieron nombres de narcotraficantes como Arturo Villarreal Heredia, Francisco Javier Arellano Félix, Osiel Cárdenas y agentes ministeriales, nada se concretó en el expediente. La única referencia legal ocurrió en 2006 durante un juicio en Estados Unidos contra Arellano y Villarreal, donde el fiscal señaló su participación activa en el homicidio; sin embargo, advirtió que no podían actuar por haber ocurrido en México. A la fecha, el crimen sigue impune.
