Cazadores impunes, y Profepa, siendo Profepa

El 20 de mayo de 2026, en el Ejido 16 de Septiembre en el Valle de la Trinidad en Ensenada, siete personas fueron detenidas en flagrancia por elementos del Ejército Mexicano, cuando después de cazar furtivamente a un borrego cimarrón (especie protegida en Baja California y a resguardo a la Universidad Autónoma de Baja California), trasladaban al animal destazado, incluida la cabeza y cornamenta que los cazadores instalan como trofeo. Los siete, José Guadalupe Ruiz Cigala, Antonio Skorlich González, Juan Rodrigo Bonilla Ibarra, Carlos Andrés Álvarez Guerrero, Ángel Antonio Bonilla Márquez, Francisco Javier Gaxiola Arce y Edgardo González Altamirano, fueron remitidos a la FGR, donde se les inició una carpeta de investigación con número de expediente FED/BC/ENS/0001323/2926, la causa penal 38/2026. Prácticamente de manera inmediata, ejidatarios en cuyos predios fueron detenidos los cazadores furtivos, y la UABC, presentaron documentación para ser acreditados como terceros afectados. Pero a más de un mes de los hechos, entre el ministerio público federal, Jonathan Manjarrez Cossío, el Juez de control federal, Sergio Adolfo Peniche Quintal, y la representación de la Profepa que en Baja California está en que siempre ha cargado con el tufo de la corrupción, Alfonso Blancafort Camarena, están por lograr la suspensión del caso, dejar a los cazadores furtivos sin ser condenados, lograr un amarre económico entre el abogado de los cazadores y el delegado de la Profepa, que estaría cerrado a la transparencia y apegado a la ambición de la institución, y además sin beneficios para la Universidad Autónoma. Los terceros perjudicados, el Ejido y la UABC, habían propuesto al abogado de los cazadores furtivos un acuerdo reparatorio económico a favor de la Máxima Casa de Estudios de BC, que mantiene el Santuario Cimarrón en la región, pero no lo aceptaron; entonces negociaron con el delegado de la Profepa, en este caso la responsable de la ejecución de la NOM-059 que protege a la especie, y ahí sí que llegaron a un acuerdo, con lo que sólo están a la espera que éste se materialice con la intermediación del Ministerio Público federal, para que el Juez declare la suspensión del proceso y todos contentos. Sólo hay que recordar que, cuando los detuvieron, los cazadores furtivos ofrecieron a los militares 100 mil pesos en efectivo para que los dejaran libres y no los presentaran a la FGR, soborno que no aceptaron; pero ahora la Profepa… Sería bueno saber de cuánto será el arreglo entre Blancafort y el abogado de los cazadores furtivos que quedarán en la impunidad, ¿no?