Alcaldesa y síndico procurador de Mexicali promueven amparo contra multa por desacato a pagar indemnización a particular por predio expropiado en Calzada Cetys y Novena
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La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, obtuvo la suspensión provisional en un juicio de amparo para que –por ahora- no se ejecute la multa que le fue impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por no indemnizar a un particular por la expropiación de un terreno.
La primera edil presentó una demanda de garantías por su propio derecho ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en contra del procedimiento de ejecución forzosa de la multa que le fue impuesta el 14 de mayo de 2026.
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Las autoridades señaladas como responsables son, en carácter de ordenadora: el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en funciones de Juez Titular por Ministerio de Ley; y en calidad de ejecutora, el Recaudador de Rentas del Estado en Mexicali, Baja California.
La jueza de amparo estimó que “toda vez que, con el otorgamiento de la medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no se causa un daño significativo a la colectividad, ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden”.
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En el mismo juzgado federal también promovió juicio de amparo el síndico Procurador del XXV Ayuntamiento de Mexicali, José Óscar Vega Marín, señalando idénticos actos reclamados, pero en su caso, apenas se analiza la solicitud de la suspensión provisional, que seguramente seguirá el mismo camino.
Tanto la presidenta municipal y el síndico, así como todos los regidores de Mexicali fueron sancionados por la autoridad judicial administrativa con multas iniciales de aproximadamente tres mil pesos cada uno.
El acuerdo se debió al presunto desacato en que habrían incurrido los funcionarios al no cumplir en el plazo establecido en una sentencia con el pago de la indemnización a un particular (de identidad reservada) por la expropiación de un predio ubicado en la Calzada Cetys y la Calle Novena durante la construcción y ampliación vial de dicho crucero.
Inicialmente el fallo exigía al Cabildo mexicalense a pagar como monto de la indemnización la cantidad de tres millones de pesos; sin embargo, la parte afectada argumenta que la afectación real a su patrimonio es de 44.8 millones de pesos, dinero que la comuna cachanilla no está dispuesta a pagar.
Al no cumplirse la orden de pago, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través del Juzgado Primero en la materia emitió una multa por incumplimiento, equivalente inicialmente a una UMA, contra todo el cuerpo edilicio y la alcaldesa.
Se espera la promoción de diversos amparos por parte de los regidores para frenar las sanciones y evitar que el erario pague el monto solicitado. Cabe señalar que el gobierno municipal promovió un amparo contra la resolución del Tribunal, argumentando que las decisiones judiciales ponen en riesgo la estabilidad administrativa del municipio.
