A cinco años del accidente del autobús que transportaba a trabajadores de Coco Beach, un bar de Rosarito a un paseo recreativo, sobrevivientes denunciaron que el caso continúa sin una resolución judicial y que no han recibido una indemnización por las afectaciones que sufrieron.
Jesús Giovanni López Cardona, de 30 años, y Joselyn Reséndiz, de 26, dos de los siete sobrevivientes que sufrieron amputaciones tras el accidente ocurrido el 8 de junio de 2021, denunciaron que las autoridades aún no les han informado avances del juicio por el percance que, de acuerdo con los sobrevivientes, dejó ocho personas fallecidas y 19 lesionados.
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El accidente ocurrió cuando un autobús de la empresa California Fun Rides, SA de CV, contratado para trasladar a trabajadores de Coco Beach Bar, S. de R.L. de C.V. a un paseo recreativo, se volcó mientras circulaba sobre la carretera Tijuana-Ensenada a la altura de Popotla.
“Estamos buscando la indemnización por parte de la aseguradora del autobús que se volcó. No hemos recibido ninguna indemnización, ningún pago, ninguna justicia”, expresó López Cardona.
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El sobreviviente recordó que permaneció cerca de dos horas atrapado debajo de la unidad tras la volcadura, en la que perdió el brazo derecho y a su hermano Moisés, de 24 años, quien trabajaba en el bar para poder pagar sus estudios, según relató.
“Cinco años y dicen que nuestro caso está atorado en los tribunales. Nadie nos quiere dar fechas. No puede ser que un caso con tantos muertos y tantos accidentados no tenga la visibilidad que debe tener”, manifestó.
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López Cardona indicó que mantienen acciones legales contra la empresa transportista, Coco Beach Bar, S. de R.L. de C.V., y la aseguradora ANA Seguros, al señalar que hasta el momento no han recibido una reparación económica acorde con las consecuencias del accidente.
Asimismo, señaló que la aseguradora ha llegado a acuerdos con algunos de los lesionados por montos de entre 10 mil y 20 mil pesos, aunque aseguró que quienes sufrieron las afectaciones más graves continúan sin recibir una indemnización acorde con los daños ocasionados.
El afectado explicó que, aunque posteriormente fue pensionado por la empresa empleadora, el apoyo económico que recibe resulta insuficiente para cubrir sus necesidades debido a las lesiones que le impidieron continuar con sus actividades laborales.
“Recibo cuatro mil pesos mensuales y, seamos honestos, en Tijuana ya no alcanza para nada”, comentó.
Como antecedente, en agosto de 2022 un juez de control vinculó a proceso al conductor del autobús y al propietario de la unidad por los delitos de homicidio por culpa, lesiones por culpa y daño en propiedad ajena por culpa, por lo que ambos enfrentan el proceso en libertad bajo medidas cautelares mientras continúa el procedimiento penal.
Consultada por ZETA, la Fiscalía General del Estado informó que el caso ya fue judicializado y actualmente se encuentra en espera de que se fije la fecha para la audiencia de juicio, además de señalar que ha mantenido contacto con las víctimas, a quienes les ha brindado asesoría y les ha informado sobre los avances del proceso.
El sobreviviente agregó que, además de la indemnización correspondiente, las víctimas buscan que el proceso judicial avance y se garantice una reparación integral del daño para quienes resultaron lesionados y para las familias de las personas fallecidas.
“La verdad es horrible. Ese día perdí a mi hermano, mi brazo, mi trabajo, mi seguridad y mi autoestima. Tuve que vender un terreno para comprar una prótesis. No estoy pidiendo nada regalado, solo justicia”, expresó López Cardona.
