Con la carta que hizo pública en sus redes sociales el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio de 2026, a casi dos años de su supuesto retiro, demostró la injerencia que tiene sobre el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la necesidad de intervenir en las políticas públicas de otro país, los Estados Unidos.
Flaco favor le hace a la Presidenta, rompiendo una vez más con su retiro sólo para expresar vituperios contra colaboradores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quienes calificó de “las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”.
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López Obrador ha abandonado el retiro más que cualquier otro expresidente con su inmediato sucesor. De manera tradicional, el saliente permanece en el silencio por lo menos los seis años siguientes a la administración concluida, no sólo por respeto al nuevo ocupante de la Silla del Águila, sino por decoro o por encontrarse centrados en otras labores posteriores: el expresidente Vicente Fox en una fundación, el expresidente Ernesto Zedillo en la academia, el expresidente Carlos Salinas en el autoexilio, y así algunos casos.
Pero el morenista de Tabasco no tiene quehacer más que el político. Hasta donde se sabe, no trabaja de tiempo completo en algo productivo que no sea el desarrollo de su propio pensamiento, la propagación de su ideología, la campaña de su hijo mayor, Andy López Beltrán, por una diputación federal en Tabasco, y ahora -es evidente- la maquinación para intervenir en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum en uno de los momentos más álgidos para ella, no por la defensa que ha emprendido del Estado Mexicano, sino por la necesidad de dar la cara por gobierno que se presumen corruptos y que representan una herencia dejada por López Obrador.
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El señalamiento público de quien fuera su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como un sospechoso de sostener relaciones con el crimen organizado, por parte de los Estados Unidos, país que materializó su presunción revocándole la visa de turista para entrar a territorio norteamericano al hoy gobernador de Sonora, sacó a López Obrador de su supuesto retiro, y, por encima de la Presidenta, pretendió dar consejo político al presidente del vecino país.
Por supuesto, AMLO metió el tema de las investigaciones contra gobernadores morenistas, como Rubén Rocha Moya, uno de los más defendidos por él mismo, y la revocación de las visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal, en el cajón de la agenda política, ponderando un ataque contra su movimiento, Morena, y achacando un “fortalecer” de la derecha en México.
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Según él, las investigaciones por relaciones con los cárteles que se presume hay contra representantes de Morena en gobiernos estatales por parte de los Estados Unidos, tiene como fin fortalecer a la oposición de derecha para “volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”. Con tal reflexión, López Obrador absuelve a los suyos de tajo y advierte la intervención extranjera en una elección, materia que ya es causal de la anulación de una elección, de acuerdo a la reforma enviada por la Presidenta de la República y aprobada por el Poder Legislativo.
Con ello, López Obrador devela cada vez más como realidad la presunción de que es él quien está detrás de la Presidenta Sheinbaum, y quien además dicta la política pública, la narrativa presidencial y la campaña de Morena. Hace unos días se dio a conocer cómo la doctora que ostenta el Poder Ejecutivo había descendido ocho puntos en su popularidad, y el “respaldo” del expresidente, así como la acusación contra Estados Unidos por señalar a los gobernadores emanados de su partido, podrían verse como intentos de remontar esa pérdida en la popularidad antes de que se vea reflejada en las urnas en las elecciones de 2027.
Con su misiva de cinco páginas publicada en su cuenta de la red social X, López Obrador evidencia el intervencionismo que tiene sobre el Gobierno de la República, y que pretende incidir también en las políticas públicas de los Estados Unidos, primero alertando sobre la “buena” relación que sostuvo con Donald Trump cuando su primer periodo en la Casa Blanca, y la manera en que se ha transformado el extranjero para ser otra versión de sí mismo, según López Obrador, más llevado por la voluntad de otros que por la propia, achacándole al presidente de los Estados Unidos lo que niegan suceda con la Presidenta de México: que hay alguien detrás de ella planteando las políticas públicas.
El ex presidente mexicano agrede: “Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia”.
Y acusa lo que él mismo práctica, cuando reflexiona: “No me extraña que en la embestida del Gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra Presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”.
La discursiva presidencial ha sido precisamente esa: un intento de desviar un tema de carácter criminal hacia el ámbito político, hacer de los sospechosos unas víctimas políticas sólo porque pertenecen a su movimiento, con el objetivo de quitar la concepción de la rápida corrupción en el ejercicio público de quienes emanaron de Morena y llegaron al poder.
Ya el gobernador favorito de AMLO, Rubén Rocha Moya, se vio obligado a solicitar licencia al cargo ante la imputación contra él y nueve de sus cercanos colaboradores, en una Corte de Nueva York, y a la cual se han entregado por lo menos dos de los señalados, que justo esta semana, ante la audiencia inicial contra el militar en el retiro y exsecretario de Seguridad de Rocha, Gerardo Mérida Sánchez, la Jueza al cargo reveló que eran “abundantes” las pruebas en su contra, como en el caso de los otros señalados.
Y ahora el exsecretario de Seguridad de López Obrador entra al limbo de los desvisados, señalados, sospechosos, pero no investigados, logrando que el expresidente se manifieste públicamente, agreda a un gobierno en funciones en el extranjero, y obliga a un gobierno en funciones en México a darle el espaldarazo y seguir la línea por él marcada en su misiva del 3 de junio de 2026, con la que pretende hacer aquello que tanto critica: intervenir en la agenda pública de otros. El tema para él -es evidente por sus palabras- es un temor de que los escándalos de corrupción y de colusión de gobernadores con los cárteles de las drogas, sean el principio del fin de Morena en términos políticos y electorales; por tanto, pasando por encima de la autoridad de la Presidencia, empieza a sembrar la narrativa de una intervención extranjera para justificar la derrota.
