La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el 19 de mayo de 2026, durante su conferencia mañanera, la postura del Gobierno de México de exigir evidencias a Estados Unidos antes de actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al sostener que EE.UU. aplica exactamente ese mismo criterio cuando México solicita extradiciones de ciudadanos que se encuentran en territorio estadounidense.
“Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’, pero toda la comentocracia: ‘cómo se le ocurre a la Presidenta a pedir pruebas’ si es lo mismo que hace Estados Unidos”, declaró la mandataria nacional. En el mismo tenor, Sheinbaum Pardo precisó que cuando el Gobierno de México ha solicitado la devolución de personas que han cometido delitos en el país y se encuentran en EE.UU., la respuesta ha sido exigir pruebas o negar directamente la extradición: “Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá que han cometido delitos a México nos piden pruebas o no los extradita”.
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La declaración se produce tras 20 días de que el Gobierno mexicano demandara elementos probatorios al Departamento de Justicia de EE.UU. en el marco de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y los demás funcionarios sinaloenses. La titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó que la exigencia de pruebas constituya un acto de encubrimiento o una negativa de cooperación, y la encuadró como parte de un proceso bilateral establecido: “Se toma la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del Gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que jamás vienen muchos más y nosotros en su momento dijimos a ver que se presenten las pruebas”, explicó.
Sheinbaum Pardo subrayó que la responsabilidad de investigar y actuar, en caso de que existan responsabilidades comprobables, recae en la Fiscalía General de la República (FGR), sin que el Ejecutivo Federal deba intervenir en el curso de los procesos judiciales. “La Fiscalía en sus propias investigaciones y si hay responsabilidades que operen que haga su trabajo pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país contra el pueblo de México así de claro”, sostuvo la mandataria nacional.
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La presidenta de la República insistió en que el procedimiento responde a criterios legales y no a consideraciones políticas o presiones externas, en un momento en que la relación bilateral entre México y EE.UU. atraviesa una etapa de tensión derivada precisamente del manejo del caso Rocha Moya. La FGR inició una investigación propia para determinar si la documentación enviada por las autoridades estadounidenses reúne los estándares que exige la legislación mexicana para solicitar órdenes de aprehensión. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al Departamento de Justicia de EE.UU. para solicitar las evidencias que respalden los cargos, luego de que el Gobierno Federal determinó que la solicitud original no contaba con el sustento probatorio requerido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980.
