El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó la decimotercera edición del Índice de Paz México (IPM) 2026, en la que documentó que el país registró en 2025 la mejora más significativa en materia de paz de la que se tenga registro en al menos una década, impulsada por una reducción histórica en los homicidios, aunque advirtió que la fragmentación de los cárteles representa un riesgo latente para consolidar los avances.
Según el informe, en 2025 la paz en México mejoró 5.1%, lo que marcó el sexto año consecutivo de avance tras cuatro años de deterioros sustanciales. Veintidós estados registraron mejoras en la paz, mientras que 10 se deterioraron. La mejora nacional fue impulsada por una fuerte reducción en los homicidios: la tasa disminuyó 22.7% en 2025, lo que representó casi 7,000 muertes menos en comparación con el año anterior, la mayor caída anual registrada.
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A pesar de esta mejora, la violencia siguió siendo elevada en relación con los niveles históricos. La calificación de paz de México continuó siendo peor que hace una década, y los aumentos de largo plazo en los delitos cometidos con armas de fuego, los crímenes de la delincuencia organizada y la violencia de género siguieron influyendo en el panorama de seguridad del país.
La delincuencia organizada mantuvo su condición de principal impulsor de la violencia extrema en México. La estructura de la violencia criminal estuvo en evolución: a inicios de la década de 2020 se observó una consolidación parcial del poder entre los principales grupos, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que contribuyó a la disminución de los conflictos entre cárteles. Sin embargo, ese frágil equilibrio se vio alterado por el estallido de un conflicto interno sostenido dentro del Cártel de Sinaloa desde finales de 2024, y por la muerte del líder histórico del CJNG a inicios de 2026.
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Baja California, por su parte, siguió ocupando el lugar 28 en la clasificación del IPM 2026, con una calificación de 3.712, lo que la ubicó como el cuarto estado menos pacífico del país. No obstante, registró una mejora en su calificación respecto a 2024, escalando una posición en el ranking. El estado es el principal campo de batalla del conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, concentrando el 55% del total de muertes vinculadas a esa rivalidad desde 2015, según los registros del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP). El puerto de Tijuana tuvo, por octavo año consecutivo, el mayor número de homicidios en términos absolutos de cualquier municipio importante en México, con alrededor de 1,090 casos registrados, aunque esa cifra representó aproximadamente 500 muertes menos que en 2024.
En cuanto a los estados con mejores resultados, Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche. En contraste, Colima continuó registrando los niveles más bajos de paz, seguido de Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California.
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Colima se mantuvo como el estado menos pacífico del país por cuarto año consecutivo. A pesar de una gran disminución en los homicidios en 2025, el estado volvió a registrar la peor tasa de homicidios del país, con 74.1 muertes por cada 100,000 habitantes.
Respecto al impacto económico de la violencia, el costo total de la violencia se redujo a cuatro billones de pesos —equivalentes a 220,000 millones de dólares—, cifra que representó alrededor del 11% del producto interno bruto del país. Esa reducción constituyó la mayor caída anual registrada en la historia del IPM. El costo por habitante fue de 30,036 pesos, casi el doble del salario mensual promedio en México.
El impacto económico de la violencia fue particularmente alto en Guerrero y Morelos, donde representó más de un tercio del producto interno bruto de cada estado. En el extremo opuesto, el costo per cápita varió considerablemente, desde 10,785 pesos en Yucatán hasta 70,123 pesos en Colima.
Las primeras señales sugirieron que la evolución de la estrategia de seguridad en México contribuyó a los avances recientes. Desde el inicio de funciones en octubre de 2024, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo de seguridad pusieron un renovado énfasis en la labor policial basada en inteligencia, la coordinación institucional y la aplicación focalizada de la ley. También se observó un aumento notable en los arrestos y detenciones, reflejado en un incremento pronunciado de la población penitenciaria durante 2025.
El sistema de justicia de México siguió siendo una limitación crítica para lograr mayores avances. El país contó con un promedio de apenas dos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una séptima parte del promedio mundial. Esa limitada capacidad judicial contribuyó a grandes rezagos en la resolución de casos, altos niveles de impunidad y un elevado número de personas detenidas sin sentencia.
Otras formas de inseguridad persistieron o empeoraron en el periodo analizado. La violencia familiar y la violencia sexual aumentaron considerablemente en la última década, y la violencia familiar se convirtió en la forma más común de delitos con violencia en México en 2025. La tasa nacional de delitos con violencia ha aumentado 12.4% desde 2015, impulsada por un incremento de 176% en violencia sexual y de 107% en violencia familiar.
Si bien los avances recientes en la paz resultaron significativos, la trayectoria de México siguió siendo incierta. La interacción entre las dinámicas cambiantes de la delincuencia, la evolución de las estrategias de seguridad y factores sociales e institucionales más amplios determinará si el país consolida los avances recientes o enfrenta un nuevo ciclo de violencia.
