La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el 25 de mayo de 2026 la viabilidad de los proyectos industriales de PROMAN-Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y Pacífico Mexinol en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, al asegurar que ambas empresas cumplieron con todos los requerimientos legales exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y que se realizaron consultas a los pueblos originarios de la zona antes de proceder con las respectivas instalaciones.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anunció que Alicia Bárcena Ibarra, titular de la SEMARNAT, visitará Topolobampo para atender en persona las inconformidades de las comunidades que se oponen a los proyectos, como parte de los compromisos asumidos por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante los colectivos que se oponen a estas inversiones.
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“No se puede plantear una idea de que el gobierno está en contra de las comunidades y de que nunca se le ha tomado en cuenta, son dos proyectos que iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador, se hicieron las consultas, salieron favorables, y ahí, algunas personas de las comunidades que no están de acuerdo y hay que atenderlas, hay que trabajar con ellos”, expresó la mandataria nacional.
La titular del Poder Ejecutivo Federal fue enfática en señalar que su gobierno no está en contra de las inversiones ni de la decisión de los pueblos. Agregó que quienes se oponen a los proyectos no representan a la totalidad de las comunidades, pues “hay muchas gentes más que están de acuerdo y hay un análisis de impacto ambiental que se hizo y una consulta pública que se desarrolló”.
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Los proyectos se ubican en el Polo de Desarrollo para el Bienestar Topolobampo, cuya declaratoria formal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2026, en el que se consolida al puerto sinaloense como nodo estratégico para nuevas inversiones industriales. La planta Pacífico Mexinol representa una inversión de tres mil 300 millones de dólares y la generación de aproximadamente cuatro mil 500 empleos directos e indirectos. El proyecto es impulsado por capital norteamericano de la empresa Transition Industries, con sede en Texas, EE.UU., y cuenta con una estructura de financiamiento internacional que incluye al Banco Mundial y alianzas con corporaciones de Corea del Sur, Italia, Japón y Australia. GPO, por su parte, impulsa un proyecto de producción de amoniaco en la misma zona portuaria.
La controversia escaló el 23 de abril de 2026, cuando comunidades indígenas de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Nuevo San Miguel, en el municipio de Ahome, acompañadas de activistas, ecologistas y pescadores, irrumpieron en el evento de colocación de la primera piedra de Mexinol con consignas de “¡Aquí no!”, impidiendo la realización del acto e impulsando su traslado de emergencia a la ciudad de Los Mochis, a más de 20 kilómetros del lugar original.
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Los opositores sostienen que las obras fueron autorizadas sin realizar una consulta previa a las comunidades indígenas y pesqueras que resultarían afectadas por su operación, particularmente en las bahías de Ohuira, Santa María y Topolobampo. Una terminal portuaria vinculada al proyecto se ubica en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, un cuerpo de agua de alta relevancia ecológica. El 21 de marzo de 2026 pescadores de Paredones interpusieron el amparo indirecto 255/2026; sin embargo, el 21 de abril del mismo mes y año un juez negó la suspensión provisional solicitada.
Rocha Moya, quien encabezó el acto como invitado especial, escuchó los planteamientos de los inconformes y se comprometió a solicitar al Gobierno Federal la realización de una consulta previa, libre e informada a los grupos indígenas. El mandatario estatal también reconoció la posibilidad de que el proyecto fuera cancelado, al tiempo que planteó llevar a cabo una consulta indígena vinculada al Polo de Desarrollo de Topolobampo y anunció la elaboración de un diagnóstico regional para atender necesidades sociales.
El secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, confirmó la continuidad del proyecto Mexinol y precisó que la consulta ciudadana e indígena estará a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el acompañamiento técnico de la SEMARNAT y la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El funcionario indicó que la planta producirá metanol verde con bajas emisiones de carbono, operará con gas natural, empleará aguas residuales en lugar de agua de mar y permitirá la instalación de una planta tratadora para contribuir al saneamiento de aguas en la ciudad de Los Mochis.
En ese escenario de tensión por la industrialización del corredor norte de Sinaloa, la empresa estadounidense Sempra canceló en diciembre de 2025 el proyecto Vista Pacífico, una terminal de gas natural licuado (GNL) de mediana escala que desarrollaba en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerca del puerto de Topolobampo, según el reporte financiero anual que la compañía presentó el 26 de febrero de 2026 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). La planta de licuefacción, almacenamiento y exportación de GNL tenía una capacidad estimada de entre tres millones y cuatro millones de toneladas métricas anuales, y su objetivo era aprovechar el exceso de gas natural y la capacidad de los gasoductos de la CFE para reexportar gas proveniente de Estados Unidos hacia los mercados del Pacífico y Asia.
Indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas de Sinaloa se alistan para impedir la imposición de los proyectos que impactan las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo, mientras el Gobierno Federal mantiene su postura de avanzar con las inversiones bajo el argumento de que las consultas ya se realizaron y arrojaron resultados favorables.
