El Gobierno Federal insiste en la legalidad de las consultas realizadas a las comunidades, mientras los inconformes amenazan con llevar el conflicto hasta la SCJN.
Las personas juzgadoras, sin que lo soliciten las partes, tienen la obligación de ordenar las medidas para garantizar la vida, seguridad e integridad de las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes llevan a cabo la defensa.
