El senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, rompió el 10 de mayo de 2026 un lapso de varios días de silencio en redes sociales con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su madre, María Cruz “Cuy” Cázarez, en la localidad de Batequitas, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa.
En la imagen, el legislador morenista viste una camisa azul arremangada y extiende un brazo sobre los hombros de su madre, quien sin sonrisa mira a la cámara. “Aquí, donde mi madre al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”, inscribió Inzunza Cázarez sobre la fotografía, publicada en el marco del Día de las Madres. La publicación representa su primera aparición pública digital desde el 6 de mayo de 2026, cuando anunció a través de la red social X que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, contrariamente a lo que había prometido días antes.
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Inzunza Cázarez justificó entonces su inasistencia en la necesidad de no ofrecer a integrantes de la oposición la oportunidad de protagonizar lo que calificó como “un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado”. Según la cronología de sus publicaciones, el legislador sinaloense acumula al menos ocho días refugiado en su natal Badiraguato, municipio de origen de figuras históricas del crimen organizado en México y tierra natal también del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, igualmente señalado por las autoridades de EE.UU.
La reaparición del senador en redes sociales ocurre en el marco de la acusación formal que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Inzunza Cázarez. El expediente fue desclasificado conjuntamente por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y por el fiscal federal Jay Clayton, quien señala al legislador como un enlace clave entre los líderes de “Los Chapitos” y el gobernador con licencia. Según la acusación del DOJ, Inzunza Cázarez —de 53 años— habría participado junto a Rocha Moya en una reunión posterior a la elección de junio de 2021 en la que se negociaron, frente a los jefes del cártel, las condiciones para que esa organización tomara el control de la Policía Estatal de Sinaloa. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión en el sistema judicial de EE.UU.
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Inzunza Cázarez conserva fuero constitucional al mantener activo su cargo como senador de la República. Antes de asumir esa curul en agosto de 2024, se desempeñó como secretario general del Gobierno de Sinaloa bajo las órdenes de Rocha Moya, cargo que dejó en febrero de 2024. Con anterioridad, presidió el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en tres ocasiones durante los 25 años que permaneció vinculado a esa institución, incluido el período comprendido entre 2016 y 2021.
Aunados a la acusación del DOJ, los señalamientos contra el legislador incluyen el presunto control que ejerce respecto al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a través de una red de familiares colocados en puestos clave de esa institución y sus organismos auxiliares. Su hermana Aída Inzunza Cázarez ocupa un cargo como magistrada electoral; su otra hermana, Lorena, es jueza civil, y su hermano Javier funge como secretario de acuerdos del Tribunal. Su esposa, Claudia Meza, se desempeña como magistrada civil, mientras que su sobrina Diana Elide Iribe Cázarez ejerce como jueza en materia familiar. Además, su prima Yarely Valdez Inzunza encabeza la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público. Entre sus sobrinos, Emilio Cázarez dirige la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas, e Iliana Cázarez ocupa la Dirección de la Región Norte de la misma institución.
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La dimensión familiar del caso adquirió relevancia adicional a raíz de un señalamiento publicado por el diario El Universal, que recordó que fue precisamente la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) Aída Inzunza Cázarez quien elaboró el dictamen de validez de la elección para la gubernatura de Sinaloa de 2021, proceso en el que Rocha Moya obtuvo el triunfo. Ese documento fue avalado por unanimidad en sesión extraordinaria del TEES el 17 de agosto de 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación propia tras conocerse la acusación del DOJ y determinó que la solicitud de detención provisional formulada por las autoridades de EE.UU. no reunía los elementos probatorios exigidos por la legislación mexicana para proceder. El Gobierno Federal rechazó la urgencia de la petición y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una nota diplomática para solicitar las pruebas que sustentarían los cargos. En tanto, Inzunza Cázarez sigue sin comparecer ante instancias legislativas ni nacionales, refugiado en Badiraguato mientras el caso avanza en los tribunales de Nueva York.
