La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compareció el 27 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México, en el marco de la investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo antinarco realizado sin autorización del Gobierno Federal en la Sierra Tarahumara. Al llegar a la sede de la fiscalía federal, la mandataria panista acusó que su citación —formalmente en calidad de testigo— encubría el propósito de fabricarle un caso y convertirla en inculpada.
“Se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, declaró Campos Galván a su llegada al recinto. La mandataria estatal también denunció el uso político de las instituciones federales y sostuvo haber actuado dentro del marco legal. “Mi gobierno ha colaborado, sin reservas, con la Fiscalía General de la República”, afirmó.
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El origen del caso se remonta al 17 y 18 de abril de 2026, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua desmantelaron un narcolaboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en la zona serrana del estado. Durante ese operativo fallecieron dos agentes de la CIA y dos elementos locales en un accidente vial. La acción no fue notificada previamente al Gobierno Federal, lo que desencadenó una crisis diplomática y política de alcance nacional.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) aclaró que el citatorio ministerial forma parte de un procedimiento formal y no implica una acusación formal contra la mandataria estatal, al tiempo que rechazó que existiera interés político detrás de las diligencias. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió explicaciones a la Embajada de EE.UU. en México por la presencia no autorizada de agentes extranjeros en territorio nacional y acusó a la gobernadora chihuahuense de vulnerar la soberanía del país.
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“Hoy en México es evidente el uso político de las instituciones federales; yo salgo a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, expresó Campos Galván a las afueras de la FGR. La panista también denunció lo que calificó como autoritarismo del actual Gobierno. “Lamento y denuncio el autoritarismo al que todos estamos expuestos, un autoritarismo que se permite violar la Constitución sin consecuencias. Es indignante el doble rasero de este régimen morenista”, añadió.
Campos Galván fue acompañada a la comparecencia por Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y por el abogado panista Roberto Gil Zuarth. Romero Herrera afirmó que la presencia del partido tuvo como objetivo denunciar públicamente la persecución política de la que, a su juicio, es objeto la gobernadora. “Venimos aquí a denunciar políticamente la persecución de la cual está siendo objeto Maru Campos de la 4T”, declaró el dirigente panista. Romero Herrera también acusó la existencia de un narcopacto en el país y advirtió que bajo la actual administración federal señalar lo que se hace mal equivale a convertirse en enemigo del gobierno.
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Originalmente, Campos Galván había sido citada en la delegación de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, la comparecencia se realizó finalmente en la sede central de la fiscalía federal en Ciudad de México. Además de la mandataria estatal, la FGR también citó en calidad de testigo al exfiscal del estado de Chihuahua, César Jauregui Moreno, para declarar sobre la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en el operativo.
La mandataria chihuahuense enfrenta simultáneamente un segundo frente legal: el 26 de mayo de 2026 reveló haber recibido un citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por una denuncia de secuestro interpuesta en su contra por el senador de Morena Javier Corral Jurado. Ese mismo día, once diputados locales de Chihuahua presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en su contra. Kenia López Rabadán, titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que el documento deberá ser ratificado el 29 del mismo mes y año para poder avanzar a la Subcomisión de Examen Previo.
