La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó el 5 de mayo de 2026 que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se le defienda “a capa y espada”, mientras a ella se le ataca por desmantelar un narcolaboratorio. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió de inmediato acusándola de mentir y de haber incurrido en traición a la Patria.
“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, afirmó Campos Galván durante la ceremonia por el CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla en el parque El Palomar, en la capital chihuahuense. El acto incluyó un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomó protesta a soldados del Servicio Militar Nacional (SMN) y los comprometió a defender el lábaro patrio como símbolo de independencia e integridad territorial.
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Montiel Reyes rechazó la versión de la mandataria estatal y sostuvo que la investigación en Chihuahua no versa sobre el desmantelamiento de ningún narcolaboratorio. “La Gobernadora miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país”, publicó la dirigente morenista en sus redes sociales. Fue más allá al señalar que el verdadero fondo del asunto es la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano: “El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada”, advirtió Montiel Reyes.
En ese contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo vinculó el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua con la solicitud del Gobierno de Estados Unidos respecto a Rocha Moya, al sostener que ambos forman parte de una misma secuencia de hechos. La titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que primero se conoció la participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo en territorio chihuahuense y, posteriormente, llegó la petición de una oficina del Departamento de Justicia de EE.UU. contra diez ciudadanos mexicanos.
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“A partir de ahí nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó la mandataria nacional, quien subrayó que en ambos casos su administración respondió bajo el mismo criterio legal: en Chihuahua, solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) una revisión sobre posibles violaciones constitucionales; y en el caso de Sinaloa, requiriendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una opinión de la FGR para determinar si existen pruebas que justifiquen una detención provisional. “¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley… misma actuación del Gobierno de México”, sintetizó.
Sheinbaum Pardo advirtió también que, tras estos hechos, se desató una campaña en medios y redes sociales orientada a vincular a su Gobierno con el crimen organizado. “Se viene una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos”, sostuvo. Reiteró que su administración no protege a ninguna persona y que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas.
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La controversia escaló luego de que ciudadanos marcharon en Chihuahua para protestar contra la participación de agentes de la CIA en el operativo encabezado por la administración de Campos Galván —hecho que está en el centro de la investigación que Montiel Reyes calificó de inconstitucional—, de acuerdo con información publicada el 4 de mayo de 2026 por el diario El Financiero. El episodio se inscribe en un momento de alta tensión entre México y EE.UU. en materia de soberanía y seguridad nacional, con el caso Rocha Moya como telón de fondo de las fricciones diplomáticas entre ambas naciones.
