Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado de Sinaloa, presentó el 5 de mayo de 2026 una solicitud de licencia sin goce de sueldo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) lo señalara como presunto receptor de sobornos de la facción denominada “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. En paralelo, la titular de la FGE anunció que evalúa su posible separación definitiva del cargo.
La acusación formal contra Castro Zaavedra fue formulada el 29 de abril de 2026 por un gran jurado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. El funcionario figura entre los 10 servidores y exservidores públicos señalados en ese pliego de cargos, que incluye también al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios estatales, todos acusados de haber brindado protección al Cártel de Sinaloa durante la administración estatal.
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Según la acusación del DOJ, Castro Zaavedra recibía sobornos mensuales equivalentes a 200 mil pesos —aproximadamente 11 mil dólares— de “Los Chapitos” a cambio de proteger a integrantes de esa organización criminal para que no fueran detenidos, así como de alertarlos respecto a operaciones de las fuerzas del orden planeadas con respaldo de EE.UU., incluidas las dirigidas contra laboratorios de drogas y miembros del grupo delictivo, con el fin de que pudieran destruir o trasladar evidencia antes de cateos e incautaciones. El documento del DOJ establece asimismo que el funcionario utilizó su cargo para proporcionar al cártel datos sobre investigaciones en curso y operativos planificados por el Ejército o la Secretaría de Marina (SEMAR). Los cargos en su contra incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de alto poder, delitos que en el sistema judicial de EE.UU. contemplan una posible condena de cadena perpetua.
Claudia Sánchez Kondo, titular de la FGE estatal, confirmó que Castro Zaavedra permanecía en funciones al momento de la solicitud de licencia y que su posible separación se analiza para garantizar el debido proceso y no entorpecer las investigaciones en curso. “Sigue en activo, se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa su curso para atender el debido proceso”, declaró Sánchez Kondo al ser cuestionada por periodistas locales respecto a la situación laboral del vicefiscal. La titular de la FGE sostuvo que la institución no había recibido requerimientos oficiales para que Castro Zaavedra u otros integrantes de la dependencia comparecieran ante la Fiscalía General de la República (FGR), ni por el caso vinculado a las acusaciones estadounidenses ni por el homicidio del exrector Héctor Cuén, ocurrido el 25 de julio de 2024 en Culiacán de Rosales.
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Por su parte, Castro Zaavedra sustentó su solicitud de licencia en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Sinaloa y de la Ley Orgánica de la FGE estatal. En su comunicado, el funcionario manifestó disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le fuera formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico. Castro Zaavedra ocupa la Vicefiscalía General de Sinaloa desde octubre de 2021 y cuenta con trayectoria como agente del Ministerio Público que data de finales de los años noventa.
La solicitud de licencia del vicefiscal se produce en medio de una crisis institucional de amplio alcance para Sinaloa: el propio gobernador Rocha Moya se encontraba ya con licencia antes de que el DOJ formalizara los cargos en su contra, en el contexto de las investigaciones federales estadounidenses vinculadas a la operación del Cártel de Sinaloa. La acusación del gran jurado neoyorquino representa un nuevo capítulo en la presión diplomática y judicial que EE.UU. ejerce respecto a los presuntos nexos entre funcionarios públicos mexicanos y organizaciones del narcotráfico.
