Brian M. Cogan, juez federal de la Corte de Distrito del Distrito Este de Nueva York, rechazó el 4 de mayo de 2026 todas las peticiones presentadas por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex jefe del Cártel de Sinaloa, incluida una solicitud formal de repatriación a México, luego de recibir tres nuevas cartas manuscritas del narcotraficante, quien cumple condena de cadena perpetua en la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado.
Las misivas fueron recibidas en la Corte de Distrito entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 2026 y detonaron, por primera vez, una respuesta directa del juez Cogan, quien había permanecido en silencio ante comunicaciones previas del recluso y de su familia. En su resolución, el juzgador fue categórico: “Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno tiene algún mérito legal. Por tanto, todas (las peticiones) son negadas”.
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Las tres cartas, redactadas a mano por Guzmán Loera, de 69 años, a finales de abril de 2026 —en particular una fechada el 23 de abril del mismo año— reflejan el inglés deficiente del capo sinaloense y contienen varios tramos incoherentes. Una solicita formalmente la repatriación a México; otra pide documentos producidos por el jurado que lo declaró culpable; y una tercera, similar a comunicaciones previas, cuestiona la evidencia en la que se basó el veredicto.
“Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están (sic) peleando por una extradición de regreso a México”, abre una de las misivas, en la que el ex jefe del Cártel de Sinaloa argumentó que los gobiernos de ambos países podrían acordar una política conjunta para hacer posible su traslado. “Las partes de ambos países pueden emerger (sic) la política juntas para regresar a mi país”, añadió. En otra sección del mismo escrito, invocó la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos —esta última relativa al derecho de los acusados a no autoincriminarse— e insistió en que tiene derecho a un nuevo juicio.
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En escritos anteriores, Guzmán Loera había alertado sobre las condiciones de su reclusión en ADX Florence, donde los internos pasan 23 horas al día confinados en una celda de concreto de 25 metros cuadrados. El capo sinaloense denunció que las Medidas Administrativas Especiales (SAMs, por sus siglas en inglés) bajo las que se encuentra —las cuales limitan casi por completo su contacto con familiares y abogados— ponían en riesgo su salud física y mental. “Las SAMs son punitivas y me estoy enfermando, por lo que pido que por favor remuevan las SAMs antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco”, escribió en una de esas misivas. En la referencia a la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles, excesivos e inusuales, Guzmán Loera aludió implícitamente a las mismas condiciones de encierro.
La petición de repatriación llegó en un momento en que las vías legales del capo sinaloense se encontraban prácticamente agotadas. En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que carecía de competencia para revisar el caso frente a jurisdicciones extranjeras, lo que cerró la posibilidad de que la defensa de Guzmán Loera impugnara su situación penitenciaria desde México. Hasta la fecha de los hechos, ninguna instancia del Gobierno Federal mexicano ni del Gobierno de EE.UU. había emitido pronunciamiento respecto a la solicitud.
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Guzmán Loera fue extraditado a EE.UU. el 20 de enero de 2017, en el último día de la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En febrero de 2019, un jurado federal de Brooklyn lo declaró culpable de diez cargos que incluyen narcotráfico, portación de armas y conspiración para el lavado de activos, al término de un juicio de aproximadamente tres meses. El 18 de julio de 2019, el juez Cogan le impuso cadena perpetua más 30 años de prisión. El ex jefe del Cártel de Sinaloa coincide en ADX Florence con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien también cumple condena en ese mismo penal.
Los intentos por conseguir la repatriación de Guzmán Loera se remontan al 10 de enero de 2023, cuando su defensa presentó una solicitud formal ante la Embajada de México en Estados Unidos. La legislación vigente —el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales de 1977— prevé la posibilidad de repatriar a reos con sentencias inapelables; sin embargo, dicho traslado requeriría la aprobación simultánea de ambos gobiernos, incluido el aval de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la dependencia responsable de las dos prisiones federales de las que el capo se fugó en 2001 y 2015. Analistas y fuentes judiciales consideran que no existe posibilidad real de que la condena sea modificada, y que el Gobierno de México difícilmente mostraría interés en negociar el regreso de Guzmán Loera, dado su historial de fugas.
