El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, exigió el 5 de mayo de 2026 la detención inmediata y la extradición a EE.UU. del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de todo su círculo político. El líder panista, quien se encontraba en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el arranque de campañas de aspirantes a diputaciones locales, calificó a Rocha Moya de “traidor a la patria” por haberse aliado con el crimen organizado al frente de un cargo público.
Romero Herrera fundamentó su exigencia en las investigaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. y en un Gran Jurado radicado en Nueva York, instancias que han judicializado carpetas de investigación contra el gobernador sinaloense por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico. El dirigente panista anunció que llevaría la demanda ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el tratado de extradición entre México y EE.UU. se aplicara de manera expedita, con fundamento en el derecho internacional.
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“Si eso se defiende, quiere decir que se sigue dirigiendo un partido, a un movimiento y no se dirige el país”, declaró Romero Herrera en mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en alusión a la postura del Gobierno Federal respecto a la situación del gobernador morenista con licencia. El líder del PAN advirtió que el incumplimiento del tratado de extradición podría acarrear consecuencias para millones de mexicanos, entre ellas una eventual afectación al Tratado de Libre Comercio vigente.
“Es triste que ella (presidenta) sea la primera en negarlo. Sigue la decisión más importante de su vida, o quedar bien con ya sabemos quién o permitir que se haga justicia”, expresó el dirigente panista respecto a la posición de Sheinbaum Pardo ante el caso. Romero Herrera subrayó que no existe traición mayor que agredir a los ciudadanos a quienes se juró proteger al asumir un cargo de gobierno.
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En paralelo, el PAN rechazó de manera tajante cualquier solicitud de licencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para que fuera investigada en relación con el denominado caso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Romero Herrera calificó de “absolutamente incomparables” y “ridículos” los señalamientos contra la mandataria chihuahuense frente a las acusaciones que pesan sobre Rocha Moya.
El líder nacional del PAN argumentó que los ataques contra Campos Galván constituían una represalia política por haberse negado a pactar con el crimen organizado y por haber desmantelado narcolaboratorios en territorio chihuahuense. Señaló que la investigación federal sobre la presunta presencia de agentes extranjeros es asunto de competencia exclusiva de la Federación, por lo que resultaba “absurdo” atribuir responsabilidad a una administración estatal. Por su parte, el senador Ricardo Anaya Cortés sostuvo que el propósito de tales señalamientos era “linchar en leña verde” a una gobernadora cuyo único delito fue no pactar con el narcotráfico.
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Para el PAN, la situación exhibe una contradicción en la postura del Gobierno Federal: mientras Rocha Moya habría gozado de protección bajo un presunto “narcopacto”, Campos Galván enfrenta señalamientos políticos precisamente por haber combatido a la delincuencia organizada en su entidad.
